Ciper | A 30 años de la «Declaración de Salamanca»: cartografía de la inclusión escolar en Chile
En columna de opinión, René Valdés, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, analizó el panorama educacional en inclusión, tras el trigésimo aniversario de la Conferencia Mundial de Salamanca. Ciper, 05 de junio del 2024.
Durante junio, se cumplen treinta años de la Conferencia Mundial de Salamanca, también conocida como la “Declaración de Salamanca”, marcando el establecimiento hacia las escuelas a recibir, hacer partícipes y garantizar aprendizajes a todos los niños, independiente a sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales o lingüísticas.
“Independientemente de los gobiernos de turno, Chile ha hecho eco de aquel llamado, dando claras señales legislativas en la conformación de un sistema escolar integrador. En este contexto, es necesario identificar y evaluar los logros, barreras y tensiones de la inclusión escolar en el país. Se ha logrado un avance muy significativo en temas de inclusión, y en las últimas décadas se han promulgado leyes, decretos, cuerpos normativos y orientaciones ministeriales para el abordaje de la diversidad en la escuela. Actualmente la inclusión es un eje y un principio de los actuales Servicios Locales de Educación Pública”, expresó René Valdés, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
Desafíos educacionales en inclusión
Frente a las barreras actuales, el docente subrayó el modelo de atención a la diversidad centrado principalmente en los Programas de Integración Escolar. “Esto implica una subvención focalizada en ciertos alumnos y no una subvención basal, como se esperaría en un modelo inclusivo. Posibilitando así, más un modelo de integración en lugar de un modelo inclusivo preocupado por todo el alumnado”, determinó.
Ahora bien, frente al escenario íntegro, René Valdés manifestó que “los aciertos, barreras y tensiones coexisten en la complejidad diaria de las escuelas, donde profesores, directivos y personal no docente matizan y mejoran estos aspectos con sus acciones. Esto implica un reconocimiento a las comunidades escolares, que, a pesar de la falta de recursos, formación y espacios, logran implementar buenas prácticas inclusivas. Proponemos que el Estado asuma seriamente el ideal de una educación inclusiva, creando condiciones óptimas para una autonomía escolar colaborativa que transforme la educación hacia un modelo genuino de inclusión”.
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