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La Tribuna | Columna de opinión: Las claves del caso Rabat
Jorge Astudillo, académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, analizó las implicancias del Caso Rabat.
En una columna publicada el 4 de noviembre por La Tribuna, el académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Jorge Astudillo, analizó las implicancias del caso Rabat.
El académico señaló que «En pocas semanas, el caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, pasó de una revelación periodística a una posible acusación constitucional y a convertirse en un problema político para La Moneda».
«Sin embargo, detrás de la controversia existe una discusión jurídica que merece ser comprendida antes de emitir juicios apresurados», aclaró Astudillo.
Desde 2003, la Ley N° 19.856 permite reducir condenas a personas privadas de libertad que acrediten un comportamiento sobresaliente.
El experto explicó que «el beneficio se concede mediante un decreto supremo tramitado por el Ministerio de Justicia. No constituye un indulto ni una decisión judicial, sino un acto administrativo».
«En 2022, la Ley N° 21.421 excluyó de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. El problema es que no estableció expresamente si dicha exclusión alcanzaba a delitos cometidos antes de su entrada en vigor», indicó Astudillo.
El académico añadió que «la Corte Suprema ordenó conceder rebajas a condenados por hechos anteriores a 2022, aplicando el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables».
Al asumir en marzo, el Ministerio rechazó estas solicitudes. Desde mediados de junio modificó su criterio y concedió 56 rebajas a condenados por abuso sexual o violación de menores.
«Rabat sostiene que siguió la doctrina de la Corte; sus críticos cuestionan que se actuara administrativamente, sin una sentencia específica que ordenara cada rebaja. El 22 de octubre se suspendieron nuevas tramitaciones», explicó Astudillo.
Al respecto, el experto comentó que «el Gobierno anunció proyectos para restringir expresamente el beneficio y crear tribunales de ejecución de penas. Pero ninguna reforma futura reemplaza la necesidad de examinar rigurosamente las decisiones ya adoptadas».
Finalmente, Astudillo sentenció que «el caso enfrenta dos exigencias igualmente relevantes: respetar las garantías jurídicas, incluso respecto de quienes cometieron delitos especialmente graves, y proteger a las víctimas, exigiendo responsabilidad a quienes ejercen funciones públicas».
