La Segunda | Columna de Felipe Balmaceda: Las contribuciones de la discordia

«Las contribuciones de la discordia», se titula la columna que el profesor del Instituto de Políticas de Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Felipe Balmaceda, escribió para el diario La Segunda para abordar la controversia que genera el impuesto territorial, toda vez que surgen voces que han pedido limitar su cobro o incluso suprimirlo a ciertos grupos etarios.

Balmaceda abre el escrito explicando que los impuestos cumplen dos objetivos: recaudar fondos para financiar los gastos ya sea del Estado central o de los gobiernos locales y corregir imperfecciones de mercado.

Dicho eso, formula la pregunta sobre la razón del impuesto a los bienes raíces, conocido como contribuciones.

Como respuesta, dice que el propósito es financiar bienes y servicios públicos locales. Por ejemplo, alumbrado público, calles locales, jardines, seguridad local, etc.

«Si este es el objetivo, entonces es dable pensar que los pagos sean mayores en las comunas que ofrecen mejores y más bienes y servicios públicos locales. Las contribuciones son un impuesto porcentual que tiene como base la tasación fiscal del bien raíz y su tasa, para un inmueble habitacional, está entre 1.2 y 1.4%. Dado que la tasación fiscal considera la calidad del barrio, las contribuciones efectivamente cumplen parcialmente su función. Se paga más en comunas que ofrecen mejores y más bienes públicos locales. Esta razón para la existencia del impuesto exige que nadie esté exento de pagarlo», explica.

Respecto de la tasación fiscal de las viviendas, dice que el impuesto al bien raíz en nuestro país es de facto un impuesto a la riqueza, no al ingreso.

«Esto justifica que los propietarios cuya tasación fiscal sea menor o igual a la tasación exenta estén exentos de pagarlos. Nada tiene que ver ni la edad, ni el ingreso del dueño del inmueble. Actualmente, esto implica que alrededor de un 80% de los propietarios no pagan contribuciones. Es decir, es un impuesto progresivo: una tasa de cero para los de baja riqueza y una tasa de entre 1.2 y 1.4% sobre la tasación fiscal para los de alta riqueza», añade.

Ahora bien, según Balmaceda, «el tener un impuesto que debe ser utilizado exclusivamente para su función, es decir, financiar bienes públicos locales, y que se utiliza para otra función, tarificar la riqueza, genera falta de transparencia, conflictos, e inequidades horizontales».

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