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La Segunda | Académico Javier Soto analiza salida del subsecretario de Hacienda
Javier Soto advirtió que "si la contramuestra arrojara un resultado negativo o si antecedentes posteriores demostraran que el examen inicial era erróneo, podrían abrirse discusiones jurídicas".
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Javier Soto Solís, afirmó que la decisión del Gobierno de aceptar la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras un resultado positivo en un test preliminar de drogas, responde al estándar político que la actual administración ha querido promover en materia de probidad y confianza pública.
En conversación con La Segunda, el especialista, desde una perspectiva institucional y comunicacional, dijo que la medida resulta consistente con la línea que el Ejecutivo ha sostenido desde antes de asumir el gobierno.
«Desde una perspectiva comunicacional e institucional, esa decisión resulta coherente con el estándar de responsabilidad pública que el Gobierno sostuvo en el pasado y ha manifestado sostener hacia delante», señaló Soto.
No obstante, el académico advirtió que el escenario podría cambiar si la contramuestra o antecedentes posteriores desacreditan el resultado inicial del examen.
«Si la contramuestra arrojara un resultado negativo o si antecedentes posteriores demostraran que el examen inicial era erróneo, podrían abrirse discusiones jurídicas respecto de la forma en que se produjo la renuncia y de una eventual afectación de derechos, dependiendo siempre de las circunstancias concretas del caso», explicó.
Soto indicó que, aunque para algunos pueda parecer desproporcionado exigir la renuncia de una autoridad sobre la base de un examen preliminar, el Gobierno enfrenta la necesidad de actuar conforme al estándar que ha defendido públicamente.
«Es comprensible que para algunos pueda parecer excesivo exigir la renuncia de un alto funcionario únicamente sobre la base de un resultado preliminar. Sin embargo, el Gobierno también enfrenta la necesidad de actuar conforme al estándar político que ha sostenido públicamente en materia de probidad y confianza en el ejercicio de la función pública», sostuvo.
En ese sentido, agregó que la administración optó por privilegiar una respuesta inmediata, aun cuando el proceso de confirmación del examen todavía no concluye.
«Esa circunstancia explica que, desde el punto de vista institucional, haya privilegiado adoptar una medida así de leonina y otorgar una respuesta inmediata, aun cuando el proceso de confirmación del examen todavía no se encuentre concluido», concluyó el académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
