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La Tercera A Bordo | Académico de Derecho Javier Soto analiza desafíos jurídicos para sancionar fraude en licencias médicas
En un reportaje publicado por La Tercera A Bordo, Javier Soto Solís, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, abordó las dificultades legales que enfrenta la persecución de las irregularidades detectadas en el sistema de licencias médicas y planteó la necesidad de avanzar hacia cambios estructurales.
A un año de que se conociera el caso de miles de funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas para viajar al extranjero, el debate sobre las falencias del sistema continúa abierto. En ese contexto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Javier Soto Solís, participó en un reportaje de La Tercera A Bordo, donde analizó los desafíos jurídicos que enfrenta el Estado para investigar y sancionar este tipo de irregularidades.
El especialista sostuvo que, si bien durante el último año se han fortalecido los mecanismos de fiscalización, el proceso de establecer responsabilidades legales presenta importantes complejidades.
«Aún estamos más cerca de una respuesta correctiva que de una transformación estructural», afirmó Soto, al referirse al estado actual de las medidas adoptadas tras el escándalo.
Desde una perspectiva jurídica, explicó que la lentitud con la que avanzan las investigaciones responde, en gran medida, a la complejidad de los procedimientos necesarios para acreditar las responsabilidades individuales de quienes participaron en las irregularidades.
En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos consiste en distinguir adecuadamente entre errores administrativos y conductas constitutivas de fraude, proceso que requiere una revisión exhaustiva de los antecedentes y el cumplimiento de altos estándares probatorios.
El académico agregó que las investigaciones también deben coordinar procedimientos administrativos y judiciales que se desarrollan de manera paralela, lo que aumenta la complejidad de los casos y prolonga sus tiempos de tramitación.
A juicio de Soto, estos elementos explican por qué las sanciones avanzan con mayor lentitud que las acciones de fiscalización implementadas durante el último año, pese a que las irregularidades detectadas han impulsado un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control del sistema.
La participación del académico de la Universidad Andrés Bello aporta una mirada jurídica al análisis de uno de los casos de mayor impacto en la administración pública reciente, destacando la importancia de compatibilizar el fortalecimiento de la fiscalización con procesos investigativos que respeten las garantías legales y permitan establecer responsabilidades de manera fundada.
