Sondeo IPP UNAB: mayoría pide cambios al sistema político

La ciudadanía chilena mantiene una mirada crítica sobre el funcionamiento de la política y de sus principales instituciones, aunque distingue entre el sistema político y quienes lo lideran. Esa es una de las principales conclusiones del cuarto sondeo «Confianza en el sistema político», elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. El estudio, realizado entre el 3 y el 19 de junio de 2026 sobre una muestra nacional de 3.241 personas mayores de 18 años, analizó las percepciones ciudadanas respecto del Gobierno, el Congreso, las instituciones públicas, la representación política y la corrupción.

Uno de los principales resultados corresponde al retroceso de la confianza hacia el Gobierno. El 79% de los encuestados declara tener poca o ninguna confianza en que el Gobierno sea capaz de resolver los problemas del país, revirtiendo la mejora observada en la medición de 2024 (63%) y acercándose a los niveles de desconfianza registrados en 2020 y 2022, donde llegaba al 90% y 89%, respectivamente.

En esa misma línea, el 79% manifiesta poca o ninguna confianza en que las altas autoridades gubernamentales digan la verdad a la ciudadanía, 14 puntos porcentuales más que en 2024.

Sin embargo, el sondeo muestra que la desconfianza no se limita al Gobierno: el 85% de los participantes declara poca o ninguna confianza en el buen juicio de la ciudadanía al momento de elegir autoridades. A pesar de que este indicador mejora levemente respecto de 2024 (-5 puntos), este parámetro continúa mostrando niveles muy elevados.

Pese a este escenario, los resultados reflejan que la ciudadanía no plantea un rechazo al sistema político como tal. El 52,5% considera que se requieren cambios profundos tanto en el sistema político como en sus liderazgos, mientras que otro 25,2% estima que el sistema es razonable, pero que deben cambiar las personas que lo conducen. En contraste, solo un 13,7% sostiene que el sistema debe ser reemplazado completamente, y un 6,3% que funciona bien y necesita pocos cambios.

El 70% (+12 puntos que en 2024) de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que el sistema político es bueno, pero las personas a cargo son incompetentes. Asimismo, el 90% cree que la mayoría de los políticos están más interesados en ganar elecciones que en hacer lo correcto, mientras que casi nueve de cada diez (87%) consideran que a los políticos no les importa lo que piensan personas como ellos.

La evaluación de las instituciones confirma el complejo escenario de confianza. El Congreso Nacional aparece como la institución peor evaluada, con más del 92% de respuestas de poca o ninguna confianza. Le siguen Internet y las redes sociales (83,6%), las ONG y fundaciones (78,8%), el Gobierno (78,4%) y las empresas privadas (70,2%). En contraste, Carabineros (54,2%) y las Fuerzas Armadas (49,4%) concentran los mayores niveles de confianza entre las instituciones evaluadas.

En materia de participación política, el estudio muestra que, aunque el 85% de los participantes está de acuerdo o muy de acuerdo con que la forma en que una persona vota puede influir en lo que ocurre en el país, cerca de dos tercios (62%) considera que las personas no influyen en las decisiones que toma el Gobierno.

Al mismo tiempo, aumenta la valoración del esfuerzo individual. Dos tercios de los participantes (66%) están de acuerdo con que quienes cumplen las reglas y actúan responsablemente pueden progresar en la vida, resultado que mejora respecto de las mediciones anteriores (+15 puntos que en 2022) y muestra que, pese a la desconfianza institucional, continúa existiendo respaldo a la idea de la responsabilidad personal como mecanismo de movilidad.

Uno de los resultados más rotundos del estudio corresponde a la percepción de corrupción. El 95% de los ciudadanos considera que existe corrupción en Chile y el 96% cree que para resolver problemas importantes muchas veces es necesario recurrir a contactos o favores. Además, el 60% declara haber sido parte o presenciado (al menos una vez, algunas veces o muchas veces) situaciones de pagos o favores para obtener ventajas en trámites, negocios o multas.

A nivel institucional, los políticos son identificados como el grupo donde este fenómeno se encuentra más extendido: el 96,2% considera que existe bastante o mucha corrupción entre ellos. Les siguen jueces (87,4%), empresarios (86,4%) y fiscales (80,3%). Aunque con porcentajes menores, también predominan las percepciones de corrupción respecto de Carabineros (60,5%), las Fuerzas Armadas (59%) y la PDI (54,7%).

En conclusión, el estudio muestra una ciudadanía que mantiene una visión crítica sobre el desempeño de las instituciones políticas y de quienes las conducen, pero que al mismo tiempo continúa valorando el sistema político como marco de funcionamiento, aunque éste junto con quienes lo encabezan, requieren ajustes importantes.

Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, concluye que este estudio muestra que “más que reemplazar las reglas del juego democrático, las personas están demandando liderazgos más competentes y eficaces en la gestión, instituciones que respondan efectivamente a sus necesidades y una política capaz de recuperar la confianza pública. Aunque la ciudadanía percibe la corrupción como un fenómeno transversal y preocupante, mantiene la convicción de que el progreso personal depende del esfuerzo individual y seguir las reglas del juego. En ese sentido, aunque la corrupción está presente, su influencia todavía no es determinante».