Estado de Emergencia: violencia cae 42,6% en la Macrozona Sur

Con el fin de aportar al debate público desde una perspectiva académica y basada en evidencia, el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello presentó el informe “Cuatro años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur (2022–2026): Evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno”, informe que realiza un balance del Estado de Emergencia decretado el 17 de mayo de 2022 en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío.

El estudio, abordado desde una perspectiva jurídica y empírica, comparó los niveles de violencia registrados en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos durante dos períodos simétricos de 1.419 días cada uno: antes y después de la entrada en vigencia de la medida. El análisis se basó en datos oficiales de Carabineros de Chile y permitió monitorear la evolución de los hechos de violencia por región, provincia y comuna.

Descenso en los hechos de violencia

El informe del OCRIT UNAB reveló que el Estado de Emergencia redujo en un 42,6% los delitos totales registrados en la Macrozona Sur, al pasar de 4.840 denuncias en los cuatro años previos a la medida a 2.779 en los cuatro años posteriores. Por región, la mayor caída porcentual se registró en Los Lagos (-50,8%), seguida de Biobío (-49,4%), Los Ríos (-46,2%) y La Araucanía (-38,9%), esta última con la baja más moderada pese a concentrar el mayor volumen absoluto de hechos. A nivel provincial, las mayores reducciones absolutas se dieron en Malleco (-810 denuncias), Arauco (-664 denuncias) y Cautín (-400 denuncias). A nivel comunal, diez comunas —lideradas por Ercilla (13%), Collipulli (13%), Victoria (9%), Cañete (9%), Tirúa (5%) y Curanilahue (5%)— concentran más de la mitad (54%) del total de hechos de violencia registrados tras la medida, lo que evidencia una fuerte focalización territorial del fenómeno.

Efecto de la medida en hechos de violencia

Los homicidios en la Macrozona Sur bajaron de 36 a 15 casos, una reducción del 58,3%, con las mayores caídas en la Región del Biobío (-73,3%) y La Araucanía (-47,6%). Las personas lesionadas disminuyeron de 812 a 380 (-53,2%), con caídas especialmente marcadas en Los Ríos (-69,6%), Biobío (-65,8%) y La Araucanía (-44,8%).

Los incendios —uno de los delitos más representativos de la problemática— cayeron de 1.097 a 598 casos (-45,5%), especialmente en el Biobío (-65,2%). Mientras, las usurpaciones bajaron de 656 a 216 (-67,1%), con una reducción especialmente pronunciada en La Araucanía (-70,5%).

En cuanto a daños materiales, los vehículos destruidos bajaron un 34,7% en la macrozona durante el período analizado, la infraestructura e inmuebles destruidos cayeron un 50,3% y las maquinarias destruidas un 41,8%. Sin embargo, el informe detectó aumentos relevantes en regiones no cubiertas por la medida, como Los Ríos (vehículos +64,7%) y Los Lagos (vehículos +71,4%), lo que confirma un desplazamiento parcial de la problemática hacia provincias como Ranco y Osorno.

Organizaciones radicalizadas en la zona

El informe consignó que, aún bajo Estado de Emergencia, la Macrozona Sur alberga diversas orgánicas radicales que usan la violencia como método de acción política. En términos generales, se consignó una caída de 5,98% en los actos de violencia adjudicados por orgánicas radicalizadas durante el Estado de Emergencia.

La Coordinadora Arauco Malleco (C.A.M) sigue siendo la organización con más adjudicaciones, aunque su actividad se redujo de 73 a 58 hechos en el período. La Weichán Auka Mapu (W.A.M) y la Liberación Nacional Mapuche (L.N.M) también bajaron su presencia, de 38 a 23 y de 25 a 18, respectivamente, mientras que la Resistencia Mapuche Lafkenche (R.M.L) cayó de 16 a 6 adjudicaciones.

En contraste, la Resistencia Mapuche Malleco (R.M.M) aumentó sus adjudicaciones un 87,1% pasando de 31 a 58 hechos de violencia, consolidándose como una de las organizaciones más activas del período, con fuerte arraigo territorial en sectores como Temucuicui. El informe también identificó la aparición de organizaciones territoriales menores, como la Resistencia Kunko-Williche y la Resistencia Mapuche Pehuenche, en sectores antes ajenos a esta problemática. Para el OCRIT UNAB, estas cifras no indican la desaparición del fenómeno, sino que una reconfiguración del ecosistema radicalizado con una menor concentración en organizaciones históricas y una mayor dispersión hacia actores emergentes.

Restricción de derechos y desafíos institucionales

Durante los 1.419 días analizados, la única restricción efectiva a derechos fundamentales fue un toque de queda de 76 días en las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo, adoptado tras el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en abril de 2024 y levantado en julio del mismo año. El informe señala que no registraron afectaciones documentadas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que operaron bajo Reglas de Uso de la Fuerza específicas y en subordinación a la autoridad civil.

Por su parte, el OCRIT UNAB identificó ocho desafíos institucionales tras cuatro años de vigencia de la medida. Entre ellos, destacan la insuficiencia de políticas que complementen la contención con el abordaje de causas estructurales, como la deuda histórica en materia de tierras; el riesgo de que las más de 70 prórrogas normalicen un régimen constitucionalmente excepcional; la ausencia de un plan estratégico de mediano y largo plazo para transitar hacia la normalidad; la necesidad de fortalecer la coordinación interagencial y las capacidades de inteligencia estratégica integrada; la necesidad de articular políticas de desarrollo económico, educacional y de infraestructura; y el desafío que representa el sistema penitenciario como espacio de articulación de algunas organizaciones; y la reconfiguración y aparición de nuevas orgánicas violentas.

El estudio de la Universidad Andrés Bello concluye que el Estado de Emergencia ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en la Macrozona Sur, aunque con resultados dispares según región, provincia y tipo de delito, y advierte que la medida debe entenderse como una herramienta de contención y protección de los derechos fundamentales de las personas de la zona, pero debe ser complementada con estrategias de prevención, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional de largo plazo.

“El Estado de Emergencia ha demostrado ser una herramienta eficaz para contener la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur, pero contener no es lo mismo que resolver”, señala Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) UNAB.

En esa línea, el abogado agrega que “se requiere una estrategia de mediano y largo plazo para volver a la normalidad, pero incorporando todos los elementos que refuercen la presencia del Estado de un modo permanente, cuestión que hoy no existe”. Por último, sostuvo Urquízar que “la persecución penal es clave para poder finalmente condenar a quienes cometen estos graves hechos de violencia y que permitirá la desarticulación de las orgánicas radicalizadas y terroristas”.