Escuela de Gobierno del IPP UNAB realizó conversatorio sobre derechos humanos y uso de la fuerza

Por Catalina Bascur

La Escuela de Gobierno del Instituto UNAB de Políticas Públicas organizó esta mañana un conversatorio en el que participó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras; el diputado integrante de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Andrés Longton; y el coordinador académico de la Escuela de Gobierno del IPP UNAB, Carlos Guazzini. La instancia, además, fue moderada por Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno del IPP UNAB. El encuentro, titulado “Derechos humanos y uso legítimo de la fuerza en el Chile actual”, tuvo como objetivo abordar, desde distintas miradas y con una perspectiva académica, el debate en torno a la necesidad de contar con un equilibrio entre el uso legítimo de la fuerza y el respeto de los derechos humanos en la sociedad actual.

En su intervención, la directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló que “sin lugar a duda, creo que aquí el equilibrio está, hay que saber bien calibrar la balanza. Ese es el punto, y poner los derechos humanos como el eje central del uso de la fuerza. El uso de la fuerza implica protección de los ciudadanos, el uso de la fuerza debe ser para proteger a las personas, solo para proteger a las personas. Y en esa medida va a estar en concordancia con los derechos humanos”.

Por su parte, el diputado por el distrito 6 de la Región de Valparaíso, Andrés Longton, indicó que “yo creo que son absolutamente compatibles. Nuestra Constitución y tratados internacionales regulan los derechos humanos de distintas ópticas y desde la óptica también de la protección de la seguridad de los particulares y también de los agentes del Estado. Y yo creo que ahí también hay una mirada distinta, por ejemplo, del INDH, de Consuelo, que ella señala que solamente los agentes del Estado pueden violar los derechos humanos. Yo soy de la postura de que los particulares pueden violar los derechos humanos y los agentes del Estado también pueden ser víctimas de violación de los derechos humanos. Cuando la Constitución, la ley y los tratados internacionales no distinguen, no cabe al intérprete distinguir”.

En cuanto a los desafíos pendientes en la materia, la directora del INDH afirmó que “todavía hay mucha confusión entre lo que implica el uso de la fuerza y la necesidad de contar con policías adecuadas con los medios adecuados para el control del crimen organizado, y separarlo del derecho a la manifestación pacífica. Yo creo que son dos temas que no se pueden mezclar. El control del orden público cuando hay comisión de delito, y el control del orden público cuando hay manifestación pacífica. Y eso hay que separarlo muy claramente para no cometer errores”.

Sobre las reglas del uso de la fuerza, el diputado Andrés Longton indicó que “yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que regularlas por ley. La única diferencia es cómo abordarlo desde el rol de nuestras policías y Fuerzas Armadas. Es decir, lo abordamos desde el rol de que hay que proteger a nuestras policías y las Fuerzas Armadas para que en el uso legítimo de la fuerza estén protegidos y proteger también a los ciudadanos, o lo abordamos desde la óptica que hay que limitar a las policías porque se ven como un riesgo al momento de utilizar el uso legítimo de la fuerza porque eventualmente pueden violar los derechos humanos. Y esa es una definición que tiene que establecerse en la comisión”. En ese sentido, el parlamentario agregó que “si no resguardamos a nuestras policías y las Fuerzas Armadas respecto al uso legítimo, difícilmente podemos resguardar a los particulares y los ciudadanos de que ese uso legítimo sea utilizado de manera adecuada, porque con reglas poco claras, finalmente le das poca claridad a nuestras policías de fuerza armada y eso termina convirtiéndose en un riesgo”.

Al finalizar la actividad, que se realizó en el auditorio del Campus Bellavista de la UNAB, el coordinador académico de la Escuela de Gobierno del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Carlos Guazzini, concluyó que “es importante que desde el IPP podamos instalar la discusión, para conseguir armonizar dos necesidades esenciales de una sociedad democrática moderna: la garantía del orden y la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. Todo ello con altura de miras y prescindiendo de prejuicios y visiones parciales que nublen el entendimiento. Hay una necesidad de aportar miradas novedosas en el relato sobre la materia, y desde la UNAB podemos contribuir a ocupar ese lugar en la discusión pública”.