Emol | Personas extraviadas en Chile: Cómo funciona el protocolo y lo que indican los datos disponibles

La Fiscalía de Viña del Mar confirmó el martes 16 de enero la muerte de Anahí Espíndola, joven de 22 años desaparecida, que el 4 de enero, que habría sido vista por última vez saliendo de un gimnasio. Este tipo de hechos no se encuentran aislados, convirtiéndose en una grave problemática que se desarrolla actualmente a nivel nacional.

“Una muerte lamentable que pone en evidencia los graves casos de personas extraviadas. Sin embargo, en la actualidad, cada una de las instituciones policiales tiene su propio protocolo interno de búsqueda coordinado con el Ministerio Público, pero los sistemas no se encuentran todavía interconectados entre ellos ni con otras instituciones públicas, lo que evidentemente debilitaba las posibilidades de éxito en los operativos”, explicó la docente Karina Saavedra.

De acuerdo con las cifras de la Policía de Investigaciones, durante el 2020, se recibieron 8.824 órdenes para investigar el paradero de quienes estaban desaparecidos. De esas cifras, 847 personas no pudieron ser ubicadas. Para el año 2021, se registró una disminución dentro del periodo de enero a junio, en donde 346 personas no fueron encontradas.

Frente a estas cifras, la Región Metropolitana es la que concentró más de estos hechos, seguida por la Región del Biobío y la Región de Valparaíso. Según los protocolos señalados, una vez realizada la denuncia, se desarrolla una metodología de búsqueda de acuerdo a procesos de actuación de la materia, que involucra la metodología científico-técnica.

Nuevas medidas ante personas desaparecidas

Por otro lado, desde el 27 de octubre del 2022, se promulgó la Ley 21.500, que regularía el procedimiento unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crearía un sistema relacionado entre sí para esos efectos. “En él, interviene el Ministerio Público, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, como organismos colaboradores se incluyen el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación y entidades públicas o privadas”, explicó la académica en la Facultad de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.

El objetivo de esta iniciativa se enfoca en la centralización de la información. Sin embargo, este proyecto legislativo aún no entra en vigencia, por lo que esta ley actualmente no se encuentra plenamente operativa.

Finalmente, la docente determinó que “en cuanto a los desafíos y medidas pueden ser implementadas para mejorar o lograr un mayor éxito en estas operaciones, se debe poner marcha la ley 21.500, que pone a disposición técnicas investigativas como la geolocalización, georreferenciación de los últimos movimientos bancarios, movimientos de tarjetas de transporte público, dispositivo móvil del desaparecido, registros audiovisuales que pudieran aportar antecedentes”.

Visite la nota completa publicada en Emol, 16 de enero del 2024.