Emol | Deterioro de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes: Las cifras que esclarecen el panorama
Tras el diagnóstico entregado por la Defensoría de la Niñez y los niveles de malestar existentes en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, Macarena Norambuena, directora de la Clínica de Atención Psicológica UNAB, en conjunto con Ana Vásquez, directora de la Clínica Jurídica UNAB, entregaron sus percepciones respecto al escenario. Emol, 10 de mayo del 2024.
La Defensoría de la Niñez, entregó recientemente el “Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescentes”, en donde se realiza un análisis de los antecedentes obtenidos del Observatorio de Derechos del último año. El informe examina distintos ejes, entre ellos, la salud mental, arrojando que el 52,9% de los adolescentes estudiantes de educación media en la zona norte de Santiago cumplen con los criterios para uno o más problemas en este sentido: 35,2 % para depresión, 25,9 % ansiedad generalizada y 28,2 % para consumo problemático de sustancias.
“El deterioro de la salud mental infantil se puede pensar, que tiene relación con el aumento de problemas como la ansiedad y la depresión, los que se pueden relacionar a factores sociales como la violencia, el abuso, la pobreza, y las dificultades al interior de los establecimientos educacionales y familias. Seguimos viviendo las secuelas de la pandemia y los problemas de salud mental que aquejan a los padres”, explicó Macarena Norambuena, directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
Protocolos de protección de la salud mental
A juicio de Ana Vásquez, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, un factor que puede tener consecuencias de orden psicológico en niños, niñas y adolescentes, es el abuso sexual, “algunos de los cuales tienen lugar en los espacios escolares, razón por la cual los colegios y escuelas deben velar siempre por la protección, bienestar, seguridad física, psíquica y social de los niños que conforman su comunidad escolar. Todas las autoridades, profesionales, docentes, paradocentes y funcionarios tienen la responsabilidad de ser garantes de los derechos, cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes en los dispositivos de educación, razón por la cual es relevante que el Protocolo que deben tener establezca antecedentes, normas y procedimientos para actuar en caso de sospecha o abuso sexual”.
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