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Emol | Comunidades Educativas Protegidas: En qué consiste y los desafíos de la implementación
Frente a la crisis de seguridad que también afecta a distintas comunidades educativas, el Ministerio de Educación presentó un programa en conjunto con otras instituciones. Por ello, Camila Leigh, académica e investigadora de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales UNAB, Sede Viña del Mar, profundizó en su implementación. Emol, 13 de mayo del 2024.
Según datos de la Superintendencia de Educación, en 2023 se registraron 4.502 denuncias por maltrato entre estudiantes, que a pesar de ser un 12 % menos que la cifra de 2022 (5.115), es la segunda más alta desde 2014. Este indicador y la crisis de seguridad reflejan una realidad. Generando así, que el Ministerio de Educación actualizara la Política Nacional de Convivencia Educativa y lanzara el programa “Comunidades Educativas Protegidas” junto a la Superintendencia, la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Subsecretaría de la Niñez.
Entre los cambios más relevantes de la Política Nacional de Convivencia Educativa, se señala una actualización en el proceso participativo, donde añaden estrategias de convivencia a través de doce cartillas. Asimismo, incorpora un Plan de Acción que integra cuarenta y dos medidas para la correcta instalación de las nuevas políticas.
Principales desafíos en las comunidades educativas
“La efectividad del programa se va a visualizar en la medida que la coordinación entre las diferentes entidades y niveles de gobierno sea efectiva, que exista fluidez en el traspaso de información y alineación de criterios en término de cómo abordar ciertas problemáticas propias de la implementación. Otra dificultad que pudiese vincularse a la perspectiva territorial, dado que el programa se focaliza en comunas específicas y en distintas regiones, es importante considerar no solo la mirada territorial, sino también específica de cada comunidad, lo que sirve en una comunidad educativa, puede no funcionar en otra”, detalló Camila Leigh, académica e investigadora de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
Por otro lado, la docente enfatizó en la necesidad de los grupos de oposición a los gobiernos a exigir resultados rápidos, “en este marco, el mantenimiento a largo plazo del programa y su financiación pueden ser desafiantes, especialmente si los resultados no son inmediatos o si hay un cambio de gobierno que instale otras prioridades”.
Visite la nota completa publicada en Emol, 13 de mayo del 2024.
