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El Sur | Columna de opinión: El costo de desproteger
Christian Rojas, académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, analizó la propuesta de la Ley de Presupuestos 2027.
En una columna publicada el 26 de octubre por El Sur, el académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Christian Rojas, analizó la propuesta de la Ley de Presupuestos 2027.
El experto señaló que «en la discusión sobre la Ley de Presupuestos 2027, se han planteado algunas cuestiones básicas: la necesidad de realizar ajustes en un contexto de estrechez fiscal y la de atender y priorizar la satisfacción de derechos esenciales de la población. Sobre esto, cabe llamar la atención sobre dos aspectos».
«El primero consiste en que la discusión presupuestaria debe realizarse de manera abierta, pública, transparente y con evidencia, pero también con ciertos límites», indicó Rojas.
El académico explicó que «uno de ellos se relaciona con el conjunto de deberes y obligaciones que corresponden a las distintas administraciones públicas, sean centrales, regionales, locales o sectoriales, cuyas funciones están determinadas por sus respectivos estatutos legales».
El presupuesto también se encuentra condicionado por las funciones públicas que deben realizarse y los derechos que obligatoriamente deben satisfacerse por ley.
En tanto, Rojas señaló que «el segundo aspecto se relaciona con las actuales circunstancias del país y la evidencia del cambio climático y sus efectos, agravados por un inédito fenómeno de “Super Niño”, presente durante este año y que se prolongaría hasta 2027».
«En este contexto, no resulta coherente que se proponga recortar un 59% del presupuesto del programa de Cambio Climático, un 29% del programa de Protección Ambiental y un 10% de los recursos destinados a fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente», manifestó el académico.
Rojas complementó que «tampoco parece consistente que a SENAPRED se le proponga reducir en un 40% los recursos destinados a gestión de riesgos de desastres, respecto de la partida de 2025, ni que la Dirección General de Aguas enfrente disminuciones de 8,9% en proyectos y 32,1% en estudios».
«Estas decisiones van precisamente en contra de la evidencia disponible sobre las funciones que deben cumplirse y las necesidades y derechos que requieren atención urgente», indicó el experto.
Finalmente, Rojas sentenció que «la estrechez fiscal es una realidad, pero no puede convertirse en una justificación para debilitar las capacidades públicas frente a riesgos cada vez más evidentes».
