El Mostrador | Derecho a una vivienda, dignidad en tiempos de catástrofe

En febrero de este año, se desató una tragedia sin precedentes en la Región de Valparaíso, haciendo que la población de diferentes sectores evacuara su vivienda. Sin embargo, lamentablemente ciento treinta y cinco personas resultaron fallecidas y miles afectadas por la situación.

De igual manera, esta emergencia dejó al descubierto las condiciones habitacionales de muchos de los habitantes en las zonas siniestradas. En este sentido, se evidenciaron una serie de casos que complejizan la crisis habitacional a nivel nacional, y en particular en estos territorios.

“Quienes nos hemos mantenido en terreno, dialogando con los vecinos y vecinas, hemos recibido relatos donde nos han señalado sobre un número importante de viviendas que no fueron catastradas por las autoridades, dado que, en un rol de propiedad, a veces se había levantado más de una vivienda dentro de un mismo terreno. Lo mismo sucede en los campamentos y tomas, que han aumentado producto de la crisis económica y migratoria. A ello se suman, de acuerdo con las investigaciones que hemos desarrollado a nivel de la Escuela de Trabajo Social, factores como el hacinamiento, la sustitución de gastos, la significación negativa de la vivienda social, siendo lejanas de centros urbanos, el desgaste por la espera de una solución habitacional acogida a subsidio, entre otros”, expresó Rosa Villaroel, directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.

Políticas públicas de vivienda

En este mismo sentido, la académica destacó la importancia de entender que el aumento de los campamentos en un síntoma de un problema estructural de la política habitacional. Además, se debe tener en consideración el déficit ampliado en la Región de Valparaíso, contemplando el contexto actual que están viviendo las familias afectadas por los incendios, sin dejar de responder también a quienes, sin ser perjudicados directamente, siguen esperando una solución habitacional definitiva.

“Es el momento de plantearnos cómo restituir las viviendas siniestradas, cómo responder a la necesidad de regularizar los terrenos, cómo facilitamos el acceso no discriminatorio a un hogar adecuado y la posibilidad de participar en cómo se construye esa vivienda y el respeto de dónde queremos vivir. Todo ello, sin seguir habitando sectores que se transforman en riesgo permanente ante una emergencia. Junto a ello, se debe promover y articular el tejido social en los territorios y comunidades, co-construyendo con ellos el levantamiento de las comunidades afectadas por la catástrofe”, concluyó Rosa Villaroel.

Visite la nota completa publicada en El Mostrador, 18 de marzo del 2024.