BiobíoChile | Derechos del niño: un recordatorio de los compromisos pendientes que Chile debe cumplir
Evelyn Vicencio, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, indagó entorno a los derechos del niño y los desafíos a nivel nacional. BiobíoChile, 08 de agosto del 2024.
Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el año 1990. Esta corresponde al primer texto internacional que reconoce explícitamente los derechos del niño, niña y adolescente. Estableciendo una serie de elementos fundamentales que deben ser recogidos, respetados y garantizados por los Estados.
De esta manera, reconoce cuatro pilares fundamentales. El principio de no discriminación, la búsqueda de su interés superior del niño, el aseguramiento de su supervivencia, desarrollo y protección y, considerando su estatus de sujeto de derechos, su participación en decisiones que les afecten.
Medidas frente a los derechos del niño
“Desde el año 1990 a la fecha en el país se han ido implementando medidas de diversa naturaleza para garantizar los derechos que la Convención reconoce. Se han constatado avances en la institucionalidad. Como la creación de la Defensoría de la Niñez, importantes esfuerzos para mejorar el acceso a una educación de calidad y por mejorar la cobertura de salud infantil, esfuerzos que por cierto han incidido en una reducción de la mortalidad infantil y una mejora en los índices de salud en general”, señaló Evelyn Vicencio, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
Sin embargo, expresó que “aunque se constatan algunos avances legislativos. La participación de los niños en decisiones que afectan sus vidas sigue siendo limitada. Es fundamental crear espacios donde puedan expresar sus opiniones y ser escuchados en la formulación de políticas públicas”.
Además, la docente apuntó a que “la sociedad chilena y el sistema político aborden de manera integral las relaciones que se dan entre niñez y adolescencia con la delincuencia y el narcotráfico. Cada niño que se interna en redes delincuenciales de alguna forma se encuentra arriesgando su integridad. Su vida y su futuro, y es deber del Estado implementar las políticas que sean necesarias para abordar los derechos del niño”.
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