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El director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UNAB, Gonzalo Valdés, escribió una carta sobre la situación ocurrida con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

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El director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés, escribió una carta al director para El Mercurio, sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual el Gobierno decidió no firmar.

Puedes leer la carta completa a continuación o verla directamente en el diario.

Señor Director:

Después de dos años negociando el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el Gobierno de Chile decidió restarse a último minuto, generando un fuerte debate interno. Se discute si Chile quedará aislado del resto del mundo democrático, si el documento es vinculante y, lo más relevante, si el pacto define o no que migrar es un derecho.

Es altamente improbable que Chile quede aislado, pero sí perdió prestigio internacional. Por un lado, se restaron otros 13 países, incluidos líderes en migración, como Australia. Por otro lado, la forma en que Chile se resta del pacto (a último minuto, sin avisar a los parlamentarios en Marruecos y evidenciando desacuerdos internos) crea un precedente que disminuirá la influencia de Chile en futuros acuerdos globales.

El pacto no es vinculante desde un punto de vista estricto, pero sí lo es en la práctica. Después de todo, estos acuerdos se firman precisamente para influir en las decisiones de los gobiernos siguientes.

Por un lado, la firma de un pacto consuetudinario genera obligaciones al modificar la interpretación de cortes internacionales. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-22/16), “el corpus iuris del Derecho Internacional de los derechos humanos se compone de (…) un conjunto de normas de carácter general o de softlaw “.

Por otro lado, un apoyo público a la iniciativa genera obligaciones políticas, ya que la inconsistencia origina costos y cuestionamientos en la esfera pública nacional. Firmar un pacto que contradice la propia política migratoria es un error no forzado que se paga caro.

Finalmente, el pacto no es explícito sobre la definición de que migrar es un derecho, pero ciertos puntos dan a entender que sería un derecho condicionado a su contexto. Por ejemplo, en el objetivo 5, puntos g y h, se dice que los estados deberán “desarrollar y reforzar soluciones para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen debido a desastres naturales”, sin identificar el estatus de los migrantes. Hay puntos en que el contexto es impreciso. El objetivo 7, punto a), plantea que los firmantes se comprometen a “establecer políticas integrales y alianzas que proporcionen a los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, independientemente de su estatus migratorio, el apoyo necesario en todas las etapas de la migración”. Vulnerabilidad nunca es definida de forma precisa.

El Presidente Piñera declaró hace unos días que el pacto podría restringir la soberanía de nuestro país, ya que lo considera vinculante. Bajo esta lógica, el presente convenio tiene un contenido que amerita un rango de tratado y no de un mero pacto y, por lo tanto, debiera ser revisado y discutido en profundidad por el Congreso.

 

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