UNAB presenta Radiografía de la seguridad en Chile 2025: expertos advierten avance del crimen organizado y desafíos urgentes para el nuevo gobierno

Un análisis detallado sobre la evolución de la seguridad pública en Chile marcó el seminario “Radiografía de la Seguridad en Chile 2025: Desafíos en el contexto del nuevo gobierno”, instancia en la que se presentaron los principales resultados del informe elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

El estudio examina el comportamiento de diez delitos vinculados al crimen organizado, considerando su evolución durante 2025 y su comparación con años anteriores, a partir de datos oficiales provenientes del Centro de Estudios y Análisis del Delito, Carabineros de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas.

Durante la presentación del estudio, el coordinador del OCRIT, del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Pablo Urquízar,  destacó que  “el abordaje de la seguridad debe ser integral, incorporando no solo la persecución del delito, sino también el acompañamiento a las víctimas y la prevención”.

Aumento de complejidad del delito 

Uno de los principales hallazgos apunta a una transformación en la naturaleza de la criminalidad, con un aumento en la sofisticación de las organizaciones delictuales y su capacidad de operar en distintos territorios.

En ese contexto, el director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, advirtió que “el auge del crimen organizado es una amenaza latente a la convivencia democrática, al progreso y al desarrollo del país, y es por eso que combatir el crimen organizado es una urgencia”.

El informe también evidencia que ciertos delitos han mostrado una tendencia sostenida al alza en la última década, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas de largo plazo y no solo medidas reactivas.

Rol del Estado y coordinación institucional 

Previo al panel que analizó los datos y cifras presentas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó la importancia de fortalecer la acción estatal frente a este escenario.

“Hoy enfrentamos un desafío que requiere unidad y decisiones firmes. No basta con diagnósticos: necesitamos avanzar en coordinación, legislación y recursos para enfrentar el crimen organizado de manera efectiva” , dijo.

En la misma línea, se destacó que uno de los principales desafíos es mejorar la articulación entre instituciones, tanto a nivel preventivo como en la persecución penal.

Mirada desde la persecución penal 

El panel integrado por Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH); Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana; y Pía Greene, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia; revisó los principales cambios que ha tenido la sociedad chilena en torno al crimen organizado y sus consecuencias en temas de seguridad, además del ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.

Barros, se refirió a la complejidad de investigar delitos asociados al crimen organizado.“Estos fenómenos requieren estrategias investigativas distintas, con foco en estructuras completas y no solo en delitos aislados”, dijo

Prevención y evidencia 

El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, subrayó el valor de contar con información sistematizada para la toma de decisiones. En tanto, Pía Greene, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia, enfatizó la necesidad de incorporar a las víctimas en el diseño de políticas de seguridad. Al respecto, señaló que “el abordaje de la seguridad debe ser integral, incorporando no solo la persecución del delito, sino también el acompañamiento a las víctimas y la prevención”.

El seminario concluyó con un consenso transversal: Chile enfrenta un escenario más complejo en materia de seguridad, donde el crimen organizado ha ganado terreno y requiere respuestas integrales.

Entre los principales desafíos identificados destacan: Fortalecer la coordinación interinstitucional, modernizar herramientas de persecución penal, incorporar inteligencia y análisis de datos y avanzar en políticas preventivas sostenidas.