Movimiento 60: UNAB lanza modelo que acompaña implementación de ley que impulsa una cultura escolar más activa

La implementación de la Ley 21.778, que exige a los establecimientos educacionales promover 60 minutos diarios de juego, actividad física o deporte durante la jornada escolar, plantea un desafío que trasciende la incorporación de nuevas actividades al interior de los recintos de educación. En ese contexto, la Universidad Andrés Bello (UNAB), a través de la Facultad de Educación y Humanidades, realizó junto al Ministerio de Educación el seminario “Movimiento 60: Camino para una cultura escolar activa”.

El encuentro reunió a representantes de los ministerios de Educación, Salud y Deporte, autoridades municipales, académicos y especialistas de distintas disciplinas. El propósito de congregar miradas fue analizar los desafíos que implica la implementación de la normativa, y presentar el modelo Movimiento 60, desarrollado por la Facultad de Educación y Humanidades de la UNAB, para acompañar la implementación de la ley.

Movimiento 60 se propone como un modelo conceptual orientado a promover una cultura escolar activa. Su contribución consiste en ofrecer una estructura para acompañar el proceso de transformación mediante la explicitación de sus fundamentos, la movilización de actores, el fortalecimiento de una gestión técnica multinivel, el desarrollo de capacidades institucionales, el acompañamiento de la implementación, la generación de evidencia y la orientación de ciclos de mejora continua.

La propuesta busca entonces convertir la exigencia de los 60 minutos diarios en una ruta escolar factible, inclusiva, medible y transferible, acompañando a las comunidades educativas en el diagnóstico, planificación, implementación y evaluación de acciones.

La arquitectura conceptual de Movimiento 60 se estructura a partir de la articulación de tres componentes complementarios: principios orientadores, ejes transversales y pilares estructurales. Mientras los principios establecen los criterios que orientan la toma de decisiones, los ejes transversales definen condiciones que deben estar presentes en los distintos ámbitos de la acción, en tanto que los pilares proporcionan las capacidades, los mecanismos y los soportes necesarios para sostener la implementación y su posterior mejora.

Para la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de UNAB, Dra. Erika Castillo, esta iniciativa representa una oportunidad para que la universidad aporte desde sus capacidades académicas y de investigación.

La decana Castillo explicó además que el modelo se elaboró a partir del trabajo conjunto entre profesionales de distintas facultades UNAB, el Ministerio de Educación, además del vínculo directo con establecimientos de las regiones donde la universidad tiene presencia.

Actualmente, la iniciativa desarrolla pilotos en establecimientos de Conchalí, Quilpué (región de Valparaíso) y Penco (región del Biobío). Asimismo, ya se han realizado capacitaciones con más de 60 profesores, profesoras y directivos.

El acompañamiento considera diagnóstico, trabajo en las escuelas, co-diseño con las comunidades educativas, seguimiento y generación de evidencia. La propuesta contempla además ajustes a partir de lo que ocurra durante su implementación, entendiendo que cada establecimiento posee características y necesidades particulares.

Una implementación que requiere a toda la comunidad educativa

Uno de los énfasis del seminario fue explicitar que la implementación de la Ley 21.778 no puede quedar circunscrita al profesor o profesora de Educación Física. Para Juan Pablo Zavala, director de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Facultad de Educación y Humanidades de UNAB, el desafío supone involucrar a los distintos integrantes de la comunidad escolar.

«La cultura escolar activa concibe la promoción de la actividad física como una transformación integral de las condiciones educativas, sociales y territoriales que favorecen el movimiento, más allá de cambios individuales de conducta. Sustentado en el Paradigma de la Motricidad Humana de Manuel Sérgio y alineado con los enfoques internacionales de escuelas promotoras de salud impulsados por la OMS, UNESCO y la iniciativa FRESH, el modelo plantea que el desarrollo de entornos activos requiere liderazgo institucional, trabajo intersectorial, participación comunitaria y políticas sostenibles. La evidencia internacional demuestra que las estrategias más efectivas son aquellas que intervienen simultáneamente sobre personas, organizaciones y sistemas, mientras que en Chile esta propuesta se articula con los marcos de liderazgo escolar, enseñanza y desarrollo profesional docente. En este contexto, Movimiento 60 posiciona a la escuela como un espacio estratégico para el bienestar y el aprendizaje, cuya sostenibilidad depende de fortalecer tanto sus capacidades organizacionales como su vinculación con el territorio», dijo.

Desde esa perspectiva, Movimiento 60 propone experiencias motrices cotidianas que tengan sentido formativo, sean inclusivas y consideren las características de cada territorio. El modelo contempla cuatro pilares: gestión técnica, capacidades profesionales y acompañamiento, mejora continua e investigación y generación de evidencia.

Una política que requiere una mirada interdisciplinaria

El carácter interdisciplinario de Movimiento 60 fue también valorado por Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB, quien valoró la participación de distintas unidades académicas y representantes de organismos públicos.

“Con la participación de diversidad de expertos, y representantes del gobierno de Chile, a través de la presencia del Ministro del Deporte Francisco Riveros, su delegado Ricardo Boudon, más peritos de los ministerios de Educación y de Salud y dirigentes del Comité Olímpico de Chile (COCH) y de OE (Olimpíadas Especiales) se aprecia la importancia e interés de realizar un trabajo interdisciplinar generalizado por valorar la importancia del deporte como un medio educativo fundamental para la formación integral de las personas y la sociedad”, señaló.

Fillol destacó además la participación de especialistas de la Facultad de Educación y Humanidades, Derecho, Medicina, Campus Creativo, Ciencias de la Rehabilitación e Instituto de Políticas Públicas, entre otras unidades de UNAB.

Desde el Ministerio del Deporte, el ministro Francisco Riveros se refirió al trabajo desarrollado por la UNAB y planteó que la implementación de la ley no responde a una fórmula única.

“Cada comunidad educativa va a tener su particularidad que le da su propia realidad”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que el trabajo conjunto entre educación, salud, deporte, universidades y comunidades educativas será clave para llevar la normativa a la práctica.

Coordinación entre educación, deporte y comunidades escolares

En línea con las palabras del ministro Riveros, Ricardo Boudon, jefe de la División Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte, relevó la necesidad de abordar el desafío desde una perspectiva amplia.

“La política es para casi 20 millones de personas, el alto rendimiento son 2.000, 3.000 personas. Entonces, nuestro gran foco es hacer toda la comunidad”, señaló.

Boudon explicó que la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026-2037 contempla un horizonte de 12 años y que uno de sus principales focos está puesto en la actividad física y el deporte comunitario. En esa tarea -agregó- el trabajo conjunto con Educación y Salud resulta fundamental.

Desde el Ministerio de Educación, Patricio Venegas, integrante del equipo que implementará la Ley 21.778, también puso el acento en la necesidad de establecer una coordinación efectiva entre los distintos actores.

En esa línea, planteó que una coordinación efectiva requiere identificar objetivos comunes, precisar qué aporta cada actor y reconocer qué necesitan unos de otros para avanzar hacia un propósito compartido.

El desafío jurídico de una nueva obligación

La discusión también incorporó una mirada desde el Derecho. Benjamín Gajardo, académico de la Facultad de Derecho de UNAB, abordó las implicancias jurídicas de la normativa y planteó la necesidad de analizar qué tipo de deber establece la ley y cuáles son sus mecanismos de exigibilidad.

“El objetivo del derecho es más modesto, quizás un poco más incómodo pero es mucho más modesto preguntarse qué tipo de deber regula esta ley y qué tipo de deber es exigible en todo el resto y cuáles son los mecanismos”, explicó.

Gajardo puso especial atención en la redacción del artículo 4°, particularmente en el uso del concepto “promover”, y en la diferencia jurídica entre una obligación de medios y una obligación de resultados. A su juicio, esta distinción plantea desafíos que deberán ser considerados durante la implementación de la normativa.

Por su parte, Nicole Lagos, asesora del gabinete del Ministerio de Salud, resaltó que la implementación de la ley constituye una oportunidad para abordar la actividad física desde una perspectiva preventiva y de salud pública.

“Una ley por sí sola no transforma la realidad. Para que tenga impacto necesitamos trabajar juntos, salud, educación y deporte tenemos responsabilidades distintas y complementarias”, sostuvo.

Lagos también relevó el papel de las universidades en la formación de los profesionales que deberán implementar estos cambios, así como en la generación de evidencia y el acompañamiento de las comunidades educativas.

De la exigencia normativa a una cultura escolar activa

Para Daniela Ríos, coordinadora de la Unidad de Actividad Física del Ministerio de Educación, uno de los principales desafíos es que la normativa no se reduzca a su cumplimiento formal.

“El foco nuestro es que esta ley se conozca, se implemente de la mejor manera, pero que además no solo sea un cumplimiento de una normativa, sino que sea una cultura educativa que se instale en los establecimientos educacionales”, explicó.

Ríos también planteó la necesidad de vincular el movimiento con los procesos de aprendizaje y con los instrumentos de gestión de los establecimientos, promoviendo experiencias que articulen distintas asignaturas y objetivos pedagógicos.