Centro de Políticas Públicas

Francisco Vicencio, del Centro de Políticas Públicas UNAB, escribió una columna a raíz de la abstención de Chile en la ONU para investigar a Filipinas por exceso de violencia en su lucha contra el narcotráfico.

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Te compartimos la columna de opinión escrita por el investigador del Centro de Políticas Públicas UNAB, Francisco Vicencio en Voces de La Tercera:

No perdamos la política exterior

La inexplicable decisión de nuestro país de abstenerse en la votación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU -presentada por Islandia y finalmente aprobada- que investigará el exceso de violencia ejercida por Filipinas en el combate al narcotráfico, constituye una vez más, una señal disruptiva respecto a nuestra seriedad y prestigio en política de Estado a nivel internacional y al compromiso nacional en materia de DDHH.

La postura, compartida por otros 14 países entre los que se contaron Brasil y Japón, fue fundada, de acuerdo a explicaciones de la Subsecretaria Carolina Valdivia, en que el gobierno filipino ha sido electo democráticamente, que se consideró la postura de aliados al país insular – para evitar traspiés diplomáticos – y más preocupante aún, que “la guerra contra las drogas” ha tenido avances, validando de esta forma la sanguinaria estrategia de combate al narcotráfico, entre otros argumentos.

Lo anterior, rompe con la tendencia y el compromiso de Chile con los DDHH, tomando en cuenta el fuerte protagonismo que nuestro país ha tenido respecto a las violaciones a los derechos fundamentales que acontecen en la dictadura venezolana, y considerando la fuerte evidencia existente y reconocida por el propio Gobierno de Rodrigo Duterte. Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya emitió un informe previo en el que se confirmaron más de 5 mil muertes extrajudiciales y desapariciones forzadas, con un promedio de 27 ejecuciones arbitrarias por día en el archipiélago.

He ahí que la abstención resulta incomprensible, y se suma a otros actos disruptivos en materia de política exterior, tal como la repentina y sorpresiva retirada del Acuerdo Medioambiental de Escazú, el cual, a pesar de ser uno de los impulsores, nuestro país desistió de suscribir en septiembre de 2018; la abstención en la votación del Pacto Migratorio también de Naciones Unidas en diciembre de 2018 – ante sorpresa de la delegación chilena y hasta contradiciendo lo declarado por el entonces canciller Ampuero – y, en marzo de este año, la propuesta de posponer la Conferencia de Cambio Climático COP 25, a tan solo tres meses de haber asumido el compromiso de ser país anfitrión.

Es totalmente evitable arriesgar, por una parte, el prestigio y la seriedad de la política exterior chilena obtenidos en las últimas décadas tras la vuelta a la democracia, que nos ha llevado a ocupar, por ejemplo, tres veces un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de firmar y liderar múltiples acuerdos de integración. Por otro lado, es también eludible el daño a la tradición de mantener una postura de Estado en el ámbito internacional, como se ha visto frente a las demandas de Perú y Bolivia ante La Haya, a la tendencia a la apertura y al multilateralismo, y al fuerte compromiso de nuestro país con los DDHH.

Los recientes acontecimientos merman la seriedad y continuidad de la política exterior de nuestro país ante el mundo, y Chile no debiera quedarse desprovista de una postura de Estado a largo plazo que impida una proyección más allá de la normal alternancia de poder propia de toda democracia.

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