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“Los procedimientos de liquidación concursales han aumentado sostenidamente desde la dictación de esta Ley, mientras que las renegociaciones y reorganizaciones virtualmente no han variado”, dice el académico Andrés Bustos.

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El académico de la Facultad de Derecho UNAB, Andrés Bustos, escribió una columna de opinión para el sitio Estado Diario sobre la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

El docente señala que “ya han pasado casi 6 años desde la implementación de la Ley 20.720, llamada Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. En tal sentido cabe hacer presente que dicha normativa contempla procedimientos ‘calificados’ para cada tipo de ‘deudor’, distinguiendo categóricamente entre Empresas Deudoras y Personas Deudoras. Lo anterior es de real importancia, pues la antigua Ley no establecía con precisión quiénes podían ser sujetos pasivos de los distintos procesos. Esta falta de precisión trajo problemas interpretativos como, por ejemplo, el hecho de que las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (corporaciones o bien fundaciones), podían o no optar a un procedimiento concursal”.

Revisa la columna completa aquí.

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