UNAB co-organizó, junto a las universidades de Columbia y de Monterrey, consulta regional de la ONU sobre el Tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos

Las víctimas de abusos de los Derechos Humanos relacionados con las empresas, a menudo, se enfrentan a grandes obstáculos cuando intentan obtener reparación. Bajo ese contexto, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UN), adoptó una resolución innovadora que estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) para desarrollar un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos: el “Tratado vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos”.

La idea de este tratado vinculante es añadir fuerza al derecho internacional, a los principios rectores de la ONU para las empresas y los derechos humanos, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Principios que proporcionan un punto de referencia común en el campo, pues establecen el deber de los estados de proteger y las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos. Sin embargo, pasada una década, muchos ven la necesidad de obligar a las empresas -más que solo alentarlas- a demostrar la debida diligencia y reparación de los abusos de derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro.

En esa línea durante el 2021, el Grupo de Trabajo, presentará un informe a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre cómo alinear los acuerdos internacionales de inversión (AII) con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Con ese fin, está convocando varias consultas virtuales para buscar contribuciones para su informe de 2021 a la Asamblea General. La idea es buscar la contribución de una serie de partes interesadas, como Estados, actores políticos, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones internacionales, inversionistas, asociaciones empresariales, árbitros, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y titulares de derechos afectados por proyectos relacionados con la inversión.

UNAB, CCSI y Universidad de Monterrey

La primera de estas consultas regionales, convocada por el Grupo de Trabajo (para las Américas), tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero y la Universidad Andrés Bello, participó como co-organizador, junto al Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) de la Universidad de Columbia y la Universidad de Monterrey. La participación de la UNAB estuvo a cargo del profesor de Derecho de la Sede Viña del Mar, Dr. Nicolás Perrone, quien fue invitado a co-organizar el evento dada su larga experiencia en la materia a nivel regional e internacional.

“En la actualidad, sólo los Estados tienen obligaciones internacionales respecto de derechos humanos. Las empresas multinacionales deben cumplir con el derecho interno de cada país, pero no tienen obligaciones internacionales”, explica el profesor Perrone. De ahí que el objetivo de esta consulta haya sido “analizar la relación entre los tratados de protección de inversiones, que establecen derechos para las empresas que hacen negocios transnacionales, y las reglas de derechos humanos aplicables a estos inversores extranjeros. Por un lado, estos inversores tienen fuertes derechos reconocidos en derecho internacional, pero, por otro lado, no tienen obligaciones claras y precisas conforme el mismo derecho internacional. Los principios de Derechos Humanos y Negocios de las Naciones Unidas son sólo principios, no obligaciones claras y precisas. El motivo de la consulta era, precisamente, analizar esta asimetría y proponer alternativas a los Estados”, explicó.

El profesor Perrone, intervino en la sesión “Reimaginar los AII como instrumentos para promover la responsabilidad de los inversores”, cuyas preguntas de discusión incluyeron temas como si ¿Deberían los AIIs proporcionar mecanismos legales o de otro tipo procesal para hacer responsables a los inversores por violar las leyes o contribuir a los abusos de los derechos humanos? Y de ser así ¿en qué medida? o bien ¿quién debería poder iniciar reclamaciones contra los inversores y quién debería tomar decisiones sobre la conducta de los inversores? Así como también ¿Qué señales envían los AII a los inversores en relación con la conducta empresarial responsable y la responsabilidad de los inversores? ¿Qué señales deberían enviar? y ¿Cuáles son las responsabilidades en materia de derechos humanos de otros usuarios de los AII, incluidos las firmas de abogados y los terceros financiadores?

Derechos versus principios

A partir de las conclusiones que dejaron las interrogantes planteadas en la consulta el Dr. Perrone, explicó que “la idea de un tratado vinculante es crear obligaciones de derecho internacional que vinculen también a las empresas. Es un tema complejo que está siendo estudiado por las Naciones Unidas. A medida que la actividad empresarial toma un carácter transnacional, los Estados y la sociedad civil deben coordinar para que este espacio transnacional no sea utilizado para incumplir estándares sociales, ambientales u obligaciones tributarias. En ese sentido, todas las instituciones deben velar por que la actividad económica se realice de manera sustentable, tanto en términos ambientales como sociales. Evitando que ciertos actores utilicen su poder económico o ciertos espacios que deja la ley para tomar ventajas que no son socialmente provechosas”.

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