Tren de Aragua en Chile: génesis, expansión y el efecto “fantasma“

La década 2014-2024 se ha caracterizado, en materia de seguridad pública, por la presencia cada vez mayor de organizaciones criminales transnacionales dentro de nuestras fronteras, y a su vez, por la expansión geográfica y gravedad de sus delitos. Reflejo de lo anterior es que en ese período los homicidios aumentaron un 86% en Chile, mientras que los secuestros lo han hecho en un 74%, el porte de armas de fuego o explosivos un 62%, el tráfico de sustancias un 29%, las usurpaciones un 28% y las extorsiones pasaron de 4 a 303 casos. Pero este incremento en los ilícitos también se ha materializado al interior de los recintos penitenciarios: entre 2015 y 2024, las extorsiones dentro de ellos crecieron un 5.100%, las incautaciones de droga un 1.205%, las amenazas un 279% y las agresiones un 41%.

Asimismo, el Ministerio Público y Carabineros de Chile ha constatado la presencia de 12 organizaciones criminales transnacionales en Chile: cinco venezolanas (Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Melean, Los Orientales y Los Valencianos), dos colombianas (Los Shottas y Los Espartanos), dos peruanas (Los Pulpos y Los del Callao), una dominicana (Los Trinitarios), una china (Clan Bang) y una mexicana (Jalisco Nueva Generación).

Un nuevo informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello indagó en esta nueva realidad criminal presente en Chile y detalló el origen, estructura, operación y capacidad de amenaza de la organización criminal más emblemática que opera dentro del territorio nacional: el Tren de Aragua. El documento es el primero dentro de una serie de entregas que realizará el OCRIT UNAB donde se analizarán las diferentes organizaciones transnacionales presentes en el país, en los cuales además de describir sus orgánicas, se alerta sobre la amenaza que implican para la seguridad nacional y la estabilidad democrática del país.

Orígenes y expansión del Tren de Aragua

El informe “Radiografía a las principales organizaciones criminales transnacionales en Chile: Tren de Aragua” describió detalladamente a este grupo criminal venezolano, abordando su origen, estructura, actividades ilícitas y el nivel de amenaza que representan para la seguridad nacional.

Así, el estudio del OCRIT UNAB sitúa el surgimiento de esta banda en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua en Venezuela, bajo el liderazgo de Héctor “Niño” Guerrero. Ahí, según el informe, la organización transformó el penal en su centro de operaciones y lo convirtió en un “Estado paralelo” que contaba con espacios de ocio, piscinas, comercios, discoteca y un zoológico, evidenciando el control absoluto que la banda ejercía en el recinto penitenciario. Desde ahí expandió su influencia a gran parte de América del Sur, lo que -sumado a su estructura jerárquica y disciplinada organizada en células y franquicias- le ha permitido operar en al menos siete países de la región (Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia y Chile), además de Estados Unidos.

El informe también consigna que, en septiembre de 2023, un operativo que contó con el accionar de 11.000 policías y soldados, rodeó el penal de Tocorón y tomó su control con el fin de desarticular la banda. Sin embargo, sus principales líderes -entre ellos, el “Niño” Guerrero- ya habían huido y, desde entonces, sus cabecillas operan en la clandestinidad hasta el día de hoy, mientras que países como Estados Unidos y Colombia ofrecen millonarias recompensas a cambio de información que permita su captura.

En Chile, la presencia del Tren de Aragua se ha detectado en 12 de las 16 regiones, exceptuando las de Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena. Su portafolio criminal incluye una amplia gama de delitos: homicidios, secuestros, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsiones, narcotráfico, sicariato, asociación ilícita y robo con intimidación. A lo anterior se agrega la posesión de armas de fuego y municiones, lavado de dinero y de activos, casas de tortura, falsificación de instrumentos públicos, usurpación de identidad, amenazas, lesiones con arma de fuego, tráfico de drogas, préstamos informales y explotación sexual. Asimismo, existirían indicios de vínculos en la gestión de asentamientos irregulares, como campamentos y tomas ilegales de terrenos en Chile.

Paralelo a su accionar delictual, el reporte del OCRIT UNAB muestra que el Tren de Aragua ha expandido su operación hacia una dimensión político-terrorista. En ese contexto, el reporte recuerda que, en diciembre de 2024, un grupo ligado a “Los Gallegos” fue formalizado en Arica tras planificar dos atentados explosivos, uno de ellos tras la colocación de un coche bomba en el Tribunal Oral de dicha ciudad como represalia por la condena a más de 500 años de prisión efectiva en contra de 34 miembros de “Los Gallegos”.

De esta manera, el estudio de la Universidad Andrés Bello constata que la amplia gama de ilícitos, sumado a un incipiente accionar terrorista, revelaría una estructura criminal diversificada y altamente violenta del Tren de Aragua en Chile, con capacidad de insertarse en distintas esferas de la criminalidad económica, social y territorial.

Lecciones a la luz de casos emblemáticos

El informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello describió los diez casos más relevantes vinculados a la acción del Tren de Aragua en Chile.

Entre ellos, destaca el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba bajo protección y asilo político en Chile cuando fue retenido y posteriormente asesinado en 2024. También se hace mención a la condena a más de 500 años de cárcel a 34 integrantes de la célula “Los Gallegos” en Arica por delitos como asociación ilícita, tráfico de drogas y armas, homicidio, homicidio frustrado contra Carabineros y secuestro extorsivo materializados entre 2021 y 2022 en el cerro Chuño de la ciudad nortina. Esta condena, destaca el documento, se ha transformado en el hito judicial más significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el país hasta la fecha.

Otros episodios emblemáticos son la pena a 99 años de prisión por la trata de doce mujeres extranjeras sometidas a explotación sexual en Puerto Montt, ejemplo que deja en manifiesto que esta organización no sólo trafica drogas o infringe violencia, sino que trafica a personas con fines de índole sexual. También se hace alusión al asesinato de dos testigos protegidos que participaban en causas vinculadas al Tren de Aragua en Concepción, al asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez en Quinta Normal, el desmantelamiento de la célula “Los Piratas” y el reciente episodio de amenaza a la familia de un gendarme en Cauquenes, Región del Maule, tras recibir más de diez balazos en su vivienda.

Así, y luego de analizar en detalle los casos anteriores, el informe del OCRIT UNAB concluyó que la organización venezolana funciona como un ecosistema criminal donde conviven violencia, mercados ilícitos y corrupción para sostener una gobernanza paralela. A su vez, consigna que, sin duda, el Tren de Aragua es hoy la organización criminal transnacional con mayor capacidad de adaptación operativa y amenaza que enfrenta Chile, y que a partir de su análisis se desprenden diez claves que ayudan a dimensionar su actuar y poder:

1. Origen carcelario: para la organización criminal, su génesis carcelaria es una ventaja comparativa que exportan fuera de ella. El desafío para la institucionalidad es neutralizar su mando intrapenitenciario para evitar su regeneración.
2. Arquitectura multinivel y modelo franquiciado: su modelo se articula bajo el liderazgo histórico del “Niño” Guerrero y se combina con células locales como “Los Gallegos” o “Los Piratas” que operan como “franquicias” de la marca.
3. Control territorial y gobernanza criminal: el Tren de Aragua administra y domina espacios ejerciendo soberanía de facto sobre personas y economías locales, reemplazando al Estado en lugares vulnerables.
4. Amplio portafolio criminal: la cartera delictual de la banda es diversificada y va desde trata con fines sexuales, secuestros, tráfico de migrantes, extorsión, narcotráfico, sicariato y lavado de activos, hasta delitos “instrumentales” como falsificación y usurpación de identidad, entre otros.
5. Violencia con proyección política: parte de sus conductas rozan o caen en tipologías terroristas al buscar intimidar a instituciones u operadores del sistema, como sedes judiciales o funcionarios de Gendarmería o Carabineros de Chile.
6. Inteligencia ofensiva y contrainteligencia: la banda aprende y se adapta a los nuevos desafíos, a la vez que amenazan a funcionarios e incluso a testigos protegidos de causas en su contra.
7. Explotación del fenómeno migratorio y economías de coerción: se aprovecha de los flujos migratorios para insertar sus cadenas de tráfico/trata de personas y monetiza con la vulnerabilidad. El desafío para la política pública es proteger a víctimas y romper la ecuación económica a través del seguimiento patrimonial, rutas, facilitadores y prestanombres.
8. Finanzas criminales: el Tren de Aragua se sostiene por rentas (trata, extorsión, tráfico de drogas) y lavado, por lo que, sin una persecución financiero-patrimonial a escala, los golpes policiales se volverán tácticos, pero no estratégicos.
9. Naturaleza transnacional: esta agrupación cruza fronteras para reclutar, financiar y ocultar. Para controlarlo, extradiciones, equipos conjuntos, intercambio de evidencia digital y órdenes de detención internacionales debieran ser la norma para evitar la puerta giratoria transfronteriza.
10. El efecto “fantasma”: el poder simbólico del Tren de Aragua amplifica su alcance a través del miedo, donde su sola mención genera obediencia o parálisis institucional, incluso sin presencia material efectiva. Este “efecto fantasma” produce dos consecuencias: una hiperatribución criminal, donde se asume que todo hecho violento o delictivo tiene vínculo con la organización, y, a su vez, una apropiación instrumental de la “marca” por otras bandas para infundir temor, consolidar control territorial o disuadir a competidores.

En síntesis, el informe de la Universidad Andrés Bello asegura la presencia del Tren de Aragua en Chile representa una amenaza directa a la seguridad nacional al desafiar el control del Estado sobre su territorio, los derechos y libertades fundamentales de las personas, el sistema penal y la seguridad de las instituciones.

Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la UNAB y autor del documento concluye que “el amplio portafolio criminal demuestra que el Tren de Aragua no es un actor delictivo más, sino una organización que erosiona la autoridad del Estado y amenaza la estabilidad de la democracia al imponer su propia forma de orden mediante el miedo y la violencia, afectando directamente los derechos y libertades fundamentales de la población”.

En esa línea, Urquízar agrega que más allá de la presencia efectiva en el país y su cada vez más amplia gama de ilícitos, también se observa que “su poder simbólico se ha expandido en Chile bajo un efecto ‘fantasma’, donde la marca Tren de Aragua opera como un amplificador del miedo a través bandas menores y delincuentes comunes que utilizan su nombre para infundir terror y obtener obediencia, lo que provoca que muchos delitos sean atribuidos automáticamente a esta organización”.

Finalmente, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB advierte que el Estado de Chile llegó tarde en esta materia, al presentar desafíos en el control carcelario, la migración clandestina, corrupción institucional, contradicciones en el sistema penal y la ausencia de una modernización efectiva del Sistema de Inteligencia del Estado, entre otros. Por eso, Urquízar agrega que “la desarticulación completa del Tren de Aragua excede a un gobierno en particular y debe ser comprendida como un problema de Estado estructural y de largo aliento, donde más que reaccionar con medidas fragmentadas, se debe diseñar una estrategia de seguridad nacional que sea integral, permanente y coordinada, capaz de enfrentar el poder del crimen organizado transnacional”.