T13 | Caso Cathy Barriga: las claves del proceso penal y sus implicancias

La reprogramación de la audiencia de preparación de juicio oral a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga,  generó diversas reacciones en el ámbito judicial. En entrevista con T13, Humberto Ramírez, abogado penalista, magíster en Criminología y académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello, detalló que el proceso penal se estructura en tres grandes etapas: investigación, etapa intermedia y juicio oral.

Según explicó, la investigación ya concluyó y actualmente la causa se encuentra en la etapa intermedia, donde se desarrolla la audiencia de preparación del juicio oral. En esta instancia, la defensa y los acusadores revisan eventuales vicios formales, acuerdan convenciones probatorias y definen qué pruebas podrán presentarse en el juicio.

El académico enfatizó que esta audiencia resulta clave, ya que permite a la defensa ofrecer su propia prueba y solicitar la exclusión de antecedentes presentados por los acusadores. Por lo mismo, aclaró que su duración puede extenderse considerablemente, especialmente en causas complejas.

Ramírez sostuvo que la reprogramación se justifica en una garantía fundamental del imputado: el acceso completo a la carpeta investigativa. Indicó que el Código Procesal Penal establece el derecho de la defensa a conocer todos los antecedentes que sustentan la acusación, condición indispensable para preparar una defensa adecuada.

En este caso, explicó, la carpeta investigativa presenta una extensión excepcional, ya que solo la acusación del Ministerio Público supera las 1.900 páginas. Esta magnitud, señaló, obliga a un análisis detallado que vuelve razonable la decisión del tribunal de reagendar la audiencia.

El abogado agregó que la normativa no distingue porcentajes de acceso a la información, por lo que cualquier falta de antecedentes justifica la postergación. A su juicio, la resolución del tribunal de garantía se ajusta plenamente a derecho, considerando además la gravedad de las penas solicitadas, que superan los 20 años de privación de libertad en caso de una eventual condena.

Respecto a las sanciones solicitadas por los querellantes, Ramírez manifestó una mirada crítica. Si bien reconoció su rol dentro del proceso, estimó que algunas penas podrían resultar excesivas, especialmente cuando se invocan agravantes basadas en los mismos hechos, situación que la ley prohíbe expresamente.

Finalmente, el académico de la UNAB explicó que, una vez finalizada la audiencia de preparación y dictado el auto de apertura, el juicio oral debería fijarse dentro de los plazos legales, lo que permitiría que se inicie durante el segundo semestre del año. No obstante, advirtió que la complejidad del caso podría extender los tiempos efectivos del proceso.

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