Sondeo: 93% respalda evaluación técnica sin presiones políticas

Tras una larga tramitación, el Congreso Nacional aprobó y despachó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), iniciativa que busca disminuir las barreras a la inversión y agilizar la “permisología” de los grandes proyectos sin afectar los estándares regulatorios. En ese contexto, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello dio a conocer los resultados de un sondeo que midió la opinión de los chilenos sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medioambiente y el patrimonio.

La encuesta relevó, en primer lugar, una alta valoración por parte de la ciudadanía del componente ambiental y cultural en los procesos de autorización para la ejecución de un proyecto de inversión. De esta manera, ante la necesidad de retrasar o detener un proyecto de infraestructura para proteger especies como flora y fauna nativa, el 61% de los encuestados considera “muy justificada” la decisión, ya que “todas las especies, aunque pequeñas, merecen protección si están en riesgo”.  En tanto, un 29% lo aceptaría solo si la especie tiene “un alto valor ecológico o está en peligro de extinción”. Por el contrario, solo un 8% cree que estaría poco justificado al considerar “exagerados” los requisitos y que traban el desarrollo, y un 2% que no lo justifica, pues creen que son “obstáculos burocráticos” que deberían eliminarse.

Ahora, frente al descubrimiento de restos arqueológicos durante la ejecución de obras como hospitales o estaciones de metro, el 78% cree que debería buscarse una solución que permita resguardar los hallazgos sin postergar demasiado la entrega del proyecto; el 13% que se correspondería continuar con la obra para no retrasar los beneficios que traerá a la comunidad aunque se puedan afectar los descubrimientos; y el 9% sostiene que habría que detener completamente la obra hasta que se estudien y se obtengan todos los permisos, aunque se retrase su entrega por años. En tanto, en el caso de desarrollos inmobiliarios en barrios históricos, el 52% apoyaría este tipo de proyectos, pero solo si respeta “estrictamente la normativa y protege el valor patrimonial del lugar”, mientras que el 32% no lo haría porque cree que estas iniciativas “no deberían desarrollarse en zonas con valor histórico o cultural”.

Otra arista que midió la encuesta fue, a juicio de la ciudadanía, cuál debería ser el principal criterio a la hora de evaluar proyectos de inversión que puedan tener impacto ambiental o patrimonial significativo. Ante esta pregunta, el 39% sostiene que lo primordial debiera ser el nivel de riesgo, daño o compromiso ambiental y/o patrimonial que pueda generar, seguido por la calidad de las medidas de mitigación (25%), la opinión de las comunidades locales afectadas (23%) y la urgencia del proyecto y sus beneficios económicos y sociales (13%).

¿Quién debiera pagar los costos cuando se detiene una obra por razones ambientales o patrimoniales? El 37% se inclina por que éstos debieran ser asumidos por el Estado y las empresas, dependiendo del tipo de causa o responsabilidad; el 34% cree que se debería establecer un período de “gracias” y, luego de éste, que se establezcan sanciones o penalizaciones a quien corresponda según el motivo del retraso. En tanto, el 16% opina que debiera hacerlo el Estado, mientras que el 13% la empresa o la entidad ejecutora del proyecto.

Criterios y medidas para la inversión

El estudio de la Universidad Andrés Bello también indagó en las medidas más adecuadas -según los encuestados- para evitar trabas excesivas para el desarrollo de proyectos. Dentro de las opciones, la más mencionada fue mejorar la coordinación entre instituciones para agilizar los permisos (33,7%), seguido por permitir el inicio de obras mientras se tramitan ciertas autorizaciones con garantías (20%), establecer plazos máximos para resolver observaciones ambientales o patrimoniales (19,9%), mantener las exigencias actuales aunque signifiquen procesos más largos (16,2%) y priorizar los proyectos que generen más empleo aunque impliquen impacto ambiental o patrimonial (7,4%).

Frente a una nueva normativa que busque agilizar los permisos y evaluaciones de los grandes proyectos, el 93,2% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que las evaluaciones deben basarse en evidencia técnica y criterios claros, evitando presiones políticas. El 69,2% cree que las autoridades deberían contar con mecanismos especiales que les permitan acelerar la aprobación de proyectos de inversión en algunos casos. Por su parte, el 48,4% sostiene que lo más importante es reducir plazos y costos para que se ejecuten más rápido y generen más empleo.

¿Qué opinan los chilenos sobre el inicio de proyectos de gran envergadura? El 93% está de acuerdo o muy de acuerdo con que éstos deben tener todos los permisos aprobados antes de comenzar; el 76,5% con que en zonas de alto valor ecológico o cultural no debería aprobarse ninguno; y el 25,3% con que, si el desarrollo trae empleo o inversión, puede comenzar mientras completa algunos trámites.

Conclusiones

Luego de dar a conocer los resultados del sondeo, la investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Trinidad Valdés, destacó que “para enfrentar la permisología deben buscarse iniciativas que compatibilicen la protección del medio ambiente y el patrimonio con el crecimiento económico. Para que tengan legitimidad ante la ciudadanía, las soluciones se encontrarán en propuestas que dejen la lógica de trincheras, equilibrando el desarrollo de actividades productivas y la protección de bienes públicos”.

En esa línea, la investigadora del IPP UNAB agregó que “sin una perspectiva integrada que articule el desarrollo de actividades productivas con la debida protección a los distintos objetos de interés sectorial, las colisiones seguirán ocurriendo y los extensos tiempos de tramitación renacerán”.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 4 y 23 de junio y contó con una muestra de 1.576 personas que participaron a través de encuestas obtenidas en base a formularios autoadministrados mediante un panel online representativo a nivel nacional. El sondeo de opinión tiene un margen de error de 7,74%.