Sondeo IPP UNAB: El 98% de los chilenos considera al narcotráfico y el crimen organizado como una amenaza “alta” para la seguridad nacional
El tercer sondeo “Percepciones ciudadanas frente al uso de la fuerza policial” realizado por el Instituto UNAB de Políticas Públicas evidenció una negativa evaluación ciudadana frente a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública en 2024. En tanto, el 45% de los encuestados escoge como primera medida la creación de un recinto penitenciario de máxima seguridad para combatir las bandas organizadas presentes en Chile.
Un nuevo estudio de opinión del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello confirmó la positiva evaluación que tienen las personas frente la acción de las fuerzas de orden y seguridad cuando se trata de restablecer el orden público. Así lo demostró el tercer sondeo “Percepciones ciudadanas frente al uso de la fuerza policial”.
La encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 14 de enero, arrojó que el 65% (-3,9 puntos porcentuales que en 2024) de los mayores de 18 años está de acuerdo o muy de acuerdo con la forma en que actúa la policía en el control de orden público, y que el 64% (+1,3 puntos) cree que “la policía tiene el mismo sentido de lo bueno y lo malo que yo tengo” cuando interviene en esta materia. A pesar de lo anterior, un 73% (-4 puntos) cree que las decisiones y acciones de la policía están influenciadas por “presiones políticas”.
El estudio, en tanto, evidenció una alta disposición a acatar las instrucciones de los policías cuando buscan restablecer el orden. Así, el 80% (-8 puntos) de los encuestados se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con que los ciudadanos tienen la “responsabilidad moral de obedecer” cuando las policías dan órdenes ajustadas a los protocolos para controlar el orden público.
Proporcionalidad de la fuerza y actuar ciudadano
Otro aspecto que evaluó la encuesta fue el grado de la respuesta policial esperado por la ciudadanía frente a algunas situaciones específicas de desorden público. Así, por ejemplo, el 51% (-4 puntos) considera que la policía debiera advertir verbalmente a una persona cuando se niegue a un control de identidad, mientras que un 27% (+3 puntos) cree que debiera usar un arma no letal (luma, descarga eléctrica, balines, etc.), un 15% (+3 puntos) que debieran utilizar gas pimienta u otro elemento disuasivo y un 5% (-2 puntos) un arma de fuego.
Por otro lado, en el caso de que un ciudadano amenace con un arma blanca a un policía, un 51,5% (+3,5 puntos) considera que éste debiera responder usando su arma de fuego, un 38% (+2 puntos) que debiera usar un arma no letal como lumas, balines o descarga eléctrica y un 8% (-2 puntos) gas pimienta u otro elemento disuasivo, mientras que solo un 1% (-2 puntos) espera que advierta verbalmente.
Un 89% (+5 puntos) de quienes participaron en el sondeo creen que, en una situación donde un policía es amenazado con un arma de fuego, éste también debiera usar su arma de fuego en respuesta y un 8% (-1 punto) que debiera utilizar un arma no letal como luma, descarga eléctrica o balines.
En tanto, un 53% (+6 puntos) cree que la policía debiera usar su arma no letal en caso de sorprender a una persona en un saqueo, el 23% que debiera usar su arma de fuego (+1 punto), el 19% (+2 puntos) que debería usar gas pimienta u otro elemento disuasivo y un 4% (-6 puntos) que lo que corresponde es advertir verbalmente.
Otra arista que midió el sondeo es qué debiera hacer la autoridad policial en caso de que un grupo de personas bloquee el tránsito, tanto en una manifestación por una mejor educación como por falta de seguridad en La Araucanía. En ambas situaciones, la mayoría de los encuestados se inclinó preferentemente por la opción de advertir verbalmente (55% y 52%, respectivamente).
El tercer sondeo “Percepciones ciudadanas frente al uso de la fuerza policial” midió también el nivel de respaldo de la opinión pública frente a las detenciones ciudadanas y a la adquisición de armas por parte de particulares. De esta manera, el 44% (-8 puntos) está de acuerdo o muy de acuerdo con que una persona sea detenida por los ciudadanos si es descubierta cometiendo un delito, y un 54% (+5 puntos) con que “todas las personas tienen derecho a comprar armas de fuego”, siempre y cuando pasen un examen psicológico, sean mayores de edad y cumplan con la ley.
La medición, también, evaluó el nivel de apoyo al uso de armas de fuego por parte de guardias e inspectores municipales. De esta manera, un 64% (+4 puntos) de los participantes en el estudio manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con que éstos puedan usar estas armas si fueran debidamente capacitados para ello, mientras que el 31% (-4 puntos) está en desacuerdo con lo anterior.
Seguridad nacional y rol de las FFAA
El sondeo de la Universidad Andrés Bello midió la evaluación de la ciudadanía frente a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública en 2024. En este aspecto, un 70% de los encuestados calificó como malo o muy malo el desempeño del Ejecutivo en la materia, mientras que un 15% lo considera como bueno o muy bueno.
Asimismo, se les solicitó a los ciudadanos que indiquen el nivel de amenaza que consideran para la seguridad nacional diferentes circunstancias o situaciones. Así, el 98% (+2 puntos) señaló como una amenaza “alta” al narcotráfico y el crimen organizado, un 78% (+7 puntos) los ciberataques, un 73% (-6 puntos) a la inmigración, un 69% (+9 puntos) a los incendios y desastres naturales y un 61% (+8 puntos) a las pandemias u otras emergencias sanitarias.
Frente a la pregunta sobre la política que podría tener mayor impacto en la lucha contra el crimen organizado, un 45% menciona como primera opción la creación de un recinto penitenciario de máxima seguridad, mientras que, como segunda medida y con un 22% de las preferencias, se posiciona el levantamiento del secreto bancario para prevenir el lavado de activos. Luego, siguen el fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justica (15%), el desarrollo de programas preventivos para evitar el reclutamiento de menores en bandas delictuales (10%) y, por último, la generación de incentivos y medidas de protección para denunciantes de corrupción y narcotráfico (8%).
Los ciudadanos, además, pudieron opinar sobre las funciones que consideran complementarias al accionar de las Fuerzas Armadas y cuáles creen que están fuera de su ámbito. Así, el 94% menciona como tarea complementaria la ayuda en desastres naturales, un 94% la vigilancia y protección de las fronteras, un 88% el combate al crimen organizado en las fronteas, un 82% el apoyo a las policías en caso de grave alteración al orden público, un 81% a la protección de la infraestructura crítica y un 64% el combate al crimen organizado dentro de las comunas.
Frente a estos resultados, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, destaca que “es interesante que se mantenga un consistente y alto apoyo al actuar policial en materia de orden público y una alta valoración ciudadana frente a tareas complementarias que realizan las Fuerzas Armadas, como la ayuda en desastres naturales, la protección de las fronteras y el combate del crimen organizado en las mismas. Esta visión contrasta con una evaluación más bien negativa frente a la gestión gubernamental de la seguridad pública y que se podría condecir con la creciente percepción de amenaza del narcotráfico y el crimen organizado para la seguridad nacional. En este sentido, la reciente promulgación de la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, si bien genera altas expectativas, también es una oportunidad para dar una señal contundente de cara a la ciudadanía”.
Por su parte, el académico de Derecho UNAB, Pablo Urquízar, agrega que el sondeo manifiesta “el apoyo importante que tienen las personas al actuar de las policías dando cuenta también, del interés de la ciudadanía en orden a incrementar las atribuciones del Estado para enfrentar lo que consideran la principal amenaza a la seguridad nacional, el crimen organizado. En tal sentido, resulta muy importante en este ámbito la tramitación del proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza tanto para las policías como las FF.AA. el que debe resguardar jurídicamente a las instituciones armadas en su actuar frente al crimen organizado y el terrorismo hoy existente en Chile”.
La muestra del estudio fue de 2.911 encuestas obtenidas en base a formularios autoadministrados a través de un panel online representativo a nivel nacional, con un margen de error de 5,95%.