Sondeo IPP UNAB: 61% de quienes realizaron alguna donación en el último año dicen que los casos recientes de corrupción han afectado su disposición a aportar
El estudio del Instituto UNAB de Políticas Públicas evaluó el impacto en la opinión pública de los escándalos asociados a Democracia Viva y el caso “Lencerías”. Si bien la mayoría de los ciudadanos sostienen que las organizaciones de la sociedad civil realizan una labor necesaria, transparente y apegada a la ley, el 96,3% está de acuerdo con que las organizaciones de la sociedad civil transparenten sus vínculos con los partidos políticos.
por Catalina Duco
Un nuevo estudio de opinión sobre a la valorización ciudadana en torno al rol de las organizaciones de la sociedad civil dio a conocer el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
El sondeo “Percepciones de los chilenos respecto a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)” arrojó que un 87,9% de los encuestados considera que estas instituciones son necesarias y actúan donde más se requieren socialmente. Dentro de ellas, bomberos (94,4%), organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y uniones comunales (88,5%) e instituciones solidarias como el Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas y María Ayuda (81,1%) son las más conocidas, mientras que las ONG y fundaciones vinculadas a partidos políticos (42,6%) y las agrupaciones de estudiantes (49,4%) son las que registran menores niveles de conocimiento dentro de la población.
Impacto de los últimos casos
El estudio del Instituto UNAB de Políticas Públicas también buscó medir el efecto que han tenido los recientes casos de Fundación Democracia Viva y “Lencerías” en la opinión pública y en la valoración ciudadana sobre la contribución de estas organizaciones. En ese sentido, si bien un 63% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que “la mayoría actúa con transparencia y de acuerdo con la ley”, el 76,83% considera que “los casos de corrupción recientemente conocidos han hecho que cambie mi percepción y desconfíe de la labor de las organizaciones de la sociedad civil”.
Asimismo, el 50,13% de los encuestados señaló estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con que casos como “Fundación Democracia Viva” representan casos de corrupción aislados y que la mayoría de las fundaciones ejercen una labor positiva y honesta. Sin embargo, el 42,4% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, mientras que un 7,38% no manifestó opinión al respecto. Consultados sobre si los últimos episodios de mayor connotación pública han afectado la posibilidad de colaborar económicamente con distintas fundaciones, el 61% de quienes realizaron alguna donación en el último año señaló que los casos recientes de corrupción sí han afectado su disposición a aportar y/o colaborar.
Adicionalmente, el estudio pidió responder a los encuestados qué emociones les evoca el hecho de que el Estado financie distintas fundaciones. Dentro de ellas, las más mencionadas fueron desconfianza (46,2%), satisfacción (16%), indiferencia (11,8%), confianza (11,2%) y enojo (8,8%).
Frente a los recientes casos como el de “Fundación Democracia Viva” o “Lencería”, el 82,3% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo en limitar la entrega de recursos estatales a las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil en general, mientras que el 17,62% se encuentra en desacuerdo o muy en desacuerdo con lo anterior. Asimismo, el 96,3% está de acuerdo con que las organizaciones de la sociedad civil transparenten sus vínculos con los partidos políticos.
Corrupción institucional y respuesta del gobierno
Otro aspecto que evaluó el sondeo fue la percepción del nivel de corrupción existente en diferentes instituciones del país. Dentro de las organizaciones donde los encuestados manifestaron que hay una “corrupción generalizada” se encuentran el Congreso Nacional (66,6%), las fundaciones sin fines de lucro afiliadas a partidos políticos (61,8%), el gobierno (55,3%), los tribunales de justicia (54,9%), las municipalidades y corporaciones municipales (52,8%), FF.AA y Carabineros (40,5%) y fundaciones de carácter social y cultural (14,6%). En tanto, Bomberos (51%) y las fundaciones de carácter social y cultural (11,4%) son aquellas instituciones donde la ciudadanía percibe que “no existe corrupción en absoluto”. En línea con lo anterior, el 81,24% de los encuestados cree que aumentó la corrupción en Chile durante el último año, mientras que sólo el 8,09% sostiene que disminuyó y el 10,67% no responde.
Finalmente, en cuanto a la evaluación del accionar del gobierno para controlar la corrupción, un 54,19% de las personas afirmó tener una muy mala evaluación de los esfuerzos del gobierno para enfrentar los eventuales casos de corrupción como el “Caso Convenios”. Asimismo, el 78,8% señala tener poca o nada confianza en que los altos funcionarios del gobierno dicen la verdad a la ciudadanía.
Ante estos resultados, el director del Observatorio Territorial del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Jaime Bellolio, señala que una de las primeras conclusiones de la encuesta es que “existe un amplio consenso sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, sobre la necesidad de las mismas y la acción que éstas emprenden en favor de las personas más necesitadas en distintos ámbitos de la sociedad”. Sin embargo, a su juicio, los recientes casos de corrupción “han tenido un efecto gigantesco en la sociedad civil, especialmente hacia la disponibilidad a donar por parte de las personas. Entonces, la manera de recuperar esa confianza quebrada tiene que ver con una mayor transparencia, rendición de cuentas y con una exigencia más alta hacia los requerimientos de cada una de estas fundaciones”.
En este contexto, Bellolio profundiza en que “las fundaciones que se consideran que tienen mayor problema de corrupción son las que están ligadas a partidos políticos y luego las corporaciones municipales, es decir, aquellas que están administradas por la política. Lo que vemos es que, lamentablemente, hay una percepción muy amplia de un aumento de la corrupción en nuestro país producto de estos actos que han cometido personas ligadas a partidos de gobierno, quienes desviaron dineros públicos hacia sus propios fines e intereses particulares quitándoles recursos a personas tan vulnerables como aquellas que viven en campamentos”.
A pesar de lo anterior, el director del Observatorio Territorial del IPP UNAB enfatiza en que “es especialmente relevante que la sociedad civil esté presente en la construcción del bien público, no sólo porque permite generar un encuentro entre distintos ciudadanos fomentando la tolerancia y la diversidad, sino que a la vez le pone coto a la acción hegemónica del Estado. Además, hace evidente que lo público excede lo estatal, en donde lo público también puede ser construido a través de la sociedad civil”.
El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre de 2023 y contó con una muestra de 2.122 personas que participaron a través de encuestas obtenidas en base a formularios autoadministrados mediante un panel online representativo a nivel nacional. El sondeo de opinión tiene un margen de error de 5,57%.