Seminario de Derecho UNAB abordó la realidad de las madres encarceladas

La criminalización y exclusión de la pobreza, la discriminación en el Derecho Penal y otras manifestaciones del Derecho Penal de clase en España fueron los principales temas que tocó la doctora Demelsa Benito en su presentación para el seminario “Maternidad, infancia y sistema penal”, organizado por el Centro de Estudios de la Juventud (CEJ-UNAB) y el área de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho UNAB.

En la instancia también se abordaron las principales conclusiones del estudio sobre salud materna en las cárceles chilenas, realizado por la doctora y académica de Derecho Penal de la Facultad, Rocío Sánchez, además del impacto en la relación directa y regular de los niños y adolescentes cuyas madres se encuentran privadas de libertad, información expuesta por la doctora y coordinadora del Área de Ciencias del Derecho, Mar del Rosario Guridi.

La académica española dio a conocer la realidad de su país respecto al Derecho Penal y, a través de variados ejemplos, afirmó que tiene un carácter discriminatorio. “A ese Derecho Penal discriminatorio con el pobre, el marginado, lo hemos llamado el Derecho Penal de la aporofobia, y lo empleamos para hacer referencia a la aplicación de las normas penales que discrimina a las personas que están en una posición socioeconómica más desfavorecida”, explicó. A continuación, hizo la conexión con el tema del seminario al asegurar que “la pobreza es femenina”.

Esta aporofobia, detalló, se revela en tres momentos del ámbito del Derecho Penal: la selectividad penal, es decir, qué conductas se criminalizan; en la aplicación de este por parte de los jueces, y en la ejecución penitenciaria, donde se puede comprobar que quienes están en las cárceles son las personas que no pueden pagar las multas para recuperar la libertad.

“El 25% de los reclusos en España son extranjeros en situación irregular, es decir, pobres. El reglamento penitenciario considera ser extranjero un factor de riesgo a la hora de conceder un permiso para salir de prisión, ya que no pueden justificar una red familiar que los acoja. Creo que merece una reforma la legislación española”, finalizó la doctora Demelsa.

Salud materna en las cárceles chilenas

Como un problema de igualdad y no discriminación es la temática de la salud materna al interior de las cárceles de Chile, arista que planteó la doctora Rocío Sánchez en su ponencia y que calificó como una dimensión dentro de los problemas de perspectiva de género existentes en nuestro país.

“En el último periodo hay una tendencia a un incremento de la privación de libertad de las mujeres y la criminalidad femenina está claramente concentrada en ciertos delitos. En Chile es el microtráfico. Desde que se creó este delito la población reclusa femenina aumentó considerablemente y sigue al alza”, contextualizó la académica. Por otro lado, la cárcel surgió como una institución pensada para varones y, según Sánchez, es un establecimiento que no tiene una mirada de las necesidades de las mujeres porque no se reconocen sus diferencias biológicas y psicológicas en el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

Según datos que exhibió, durante 2017 eran 110 las mujeres encarceladas que tenían hijos lactantes viviendo con ellas y 53 estaban embarazadas. “Estas mujeres sufren una doble sanción, porque son consideradas malas madres y mujeres, lo que es un problema cuando se piensa en su salud física y psicológica “, agregó.

La OMS recomienda a los Estados proteger este momento de embarazo y puerperio y generar una etapa que sea de satisfacción para las mujeres. El problema es que en Chile la información sobre este grupo de la población no es transparente. “El Estado realiza intervenciones, pero claramente son deficitarias porque las mujeres tienen que salir de los centros médicos para tener asistencia sanitaria y dependen de la buena voluntad de los gendarmes y alcaides”, agregó.

Según la investigación que han realizado junto a la doctora Guridi, la igualdad y no discriminación han sido criterios que no se han cumplido de forma grave en Chile, lo que ejemplificó con algunos casos de mujeres en estados de embarazo o parto que, incluso, se dieron a conocer en medios de comunicación. “Ha habido contravenciones a la normativa nacional e internacional a la que Chile se ha obligado en el tratamiento de personas privadas de libertad, constituyendo una forma de coerción indigna e improcedente en esos casos”, manifestó.

“La perspectiva de género que falta en el encarcelamiento femenino, en especial en la salud materna, nos debiese conducir a pensar en la igualdad como una forma de tratar a las personas, considerando sus diferencias, para darle un trato especial igualitario”, finalizó.

El impacto en los niños y adolescentes

Las consecuencias para los niños y adolescentes cuyas madres se encuentran privadas de libertad, la importancia de la familia y el proceso de apego, y las normas nacionales e internacionales que protegen el vínculo materno-filial fueron los temas centrales de la última exposición del seminario, dada por la doctora Mar Guridi.

Uno de los puntos centrales fue relevar el hecho de que la privación de un entorno de familia a las personas durante su infancia puede provocarles graves consecuencias en su vida. “Teniendo en consideración este punto, la cárcel no es un ambiente para crear familia ni para forjar vínculos de apego, por lo tanto, una perspectiva de género favorecería el apego y los posibles vínculos para una posterior reinserción en la sociedad”, explicó la académica.

Respecto al sistema penitenciario, recalcó que este difícilmente puede reestablecer las implicancias en la salud mental de niños y adolescentes porque es un sistema que se preocupa por sancionar más que por intervenir en forma sociojurídica una familia.

“La sanción penal agudiza el problema familiar y social. Se crea un doble estigma en las mujeres privadas de libertad, el que se traspasa a sus hijos, quienes, además, tienen a repetir patrones de conductas, por lo que son una población riesgosa y vulnerable”, enfatizó Guridi, quien apunta a la urgencia de buscar respuestas en el ámbito judicial -que a veces no son penales- con un mínimo de razonabilidad para reducir la violencia que los impacta.

Al finalizar su ponencia, propuso que las distintas profesiones que intervienen en estos ámbitos, como los trabajadores sociales, psicólogos, profesionales de la salud y abogados, trabajen juntos para encontrar respuestas más efectivas que permitan a los niños crecer de una manera más sana.

Esta actividad se realizó en el marco del proyecto “El derecho de los niños, niñas y adolescentes e hijos de internos a mantener un régimen de relación directa y regular con sus progenitores” del Centro de Estudios de la Juventud.