El fracaso del prohibicionismo en el mercado de la droga
Derecho

La norma, hasta ahora, mucho más apegada al ámbito moral, dice Galain, solo motiva a no consumir drogas con un rotundo mensaje moralista de “dile no a las drogas”. En este sentido, el académico de la UNAB, califica el sistema prohibicionista como oscurantista, ya que permite conocer muy poco acerca de la sustancia prohibida y ofrece la misma poca información al consumidor.

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Desde que Richard Nixon les declarará la guerra en 1971, las drogas se han vuelto más accesibles y consumidas que nunca. La lucha de más de medio siglo contra las sustancias ilegales ha fracasado, y la creación de un mercado regulado emerge como una forma pragmática de tomar el control de la situación. Ahora, en lugar de prohibirlas -como continúa abogando el derecho internacional- cada vez son más los países, que están explorando enfoques nuevos para regularlas, eliminando a los usuarios y no a las drogas del sistema de justicia penal.

Uruguay, Canadá, República Checa, Portugal y Nueva Zelanda, se encuentran entre las naciones que han desafiado el statu quo impuesto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de las convenciones de 1961, 1971 y 1988. Cambio de enfoque, empujado por los resultados de un sistema, principalmente, prohibitivo  que ofrece poco en términos de control por una sencilla razón: no reduce el consumo de drogas.

Temática en la que profundizó extensamente el Dr. Pablo Galain en la conferencia titulada ¿Para qué crear un mercado regulado de drogas? Actividad organizada por la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Sede de Viña del Mar, Evelyn Vicencio, y en la que el ex investigador senior del Instituto Max Planck y también académico de la Unab, cuestionó el sistema prohibicionista, calificándolo como oscurantista, ya que permite conocer muy poco acerca de la sustancia prohibida y ofrece al consumidor, la misma poca información.

Oscurantismo

Al igual que la mayoría de las actividades ilícitas, la producción, comercio y el uso de drogas son difíciles de medir con precisión, explica el profesor Galaín.  La falta de datos –señaló- dificulta la comprensión sobre su impacto y sin conocer los valores de referencia, es difícil comprender el efecto de una política de control de drogas determinada, y mucho menos comparar el impacto de varias políticas.

“El problema es que, tanto el prohibicionismo como la carencia de metodología criminológica al momento de desagregar y clasificar los datos en nuestras instituciones públicas, ha impedido que conozcamos con mayor profundidad la relación entre los distintos tipos de drogas y la violencia relacionada con ellas.  Al momento del diseño de las políticas públicas se llega sin esta información y entre estas políticas, se encuentran las políticas criminales”, explicó Galain.

 “Lo dicho hasta ahora nos permite afirmar que un sistema prohibicionista es un sistema oscurantista, porque poco sabemos de la sustancia prohibida y poca información se ofrece al consumidor a quien la norma solo lo motiva a no consumir con un rotundo mensaje moralista de “dile no a las drogas, acercándose mucho más al ámbito moral que al del derecho”, agregó.

Legitimidad del sistema penal

Uno de los principales argumentos de quienes plantean la necesidad de contar con un organismo regulador que supervise e identifique las sustancias ilícitas, según grado de daño y administrado públicamente, es que de alguna manera las drogas ya están reguladas, pero por cárteles. Sin embargo, cuestiones como ¿Qué tipo de sustancias participan de un mismo mercado?, ¿qué relación existe entre esos mercados y la violencia letal?, ¿utilizan el mismo nivel de violencia en sus interacciones?, son preguntas que no tienen sentido para los tratados internacionales, cuestiona el profesor Galain.

“A partir de criterios políticos, ideológicos o filosóficos, estas convenciones han agrupado en cuatro listas a las sustancias ilícitas existentes, sin importar su potencialidad de daño para aquello que se quiere proteger, mediante el uso de la fuerza legal del derecho penal. Sin embargo, un sistema penal solo es legítimo si se construye sobre la protección de bienes jurídicos y si ese bien jurídico es principalmente la protección de la salud publica parece básico que hay que conocer en qué medida una sustancia puede ser más o menos peligrosa y dañina en relación con ese bien jurídico para determinar qué tipo de pena y cuanto castigo es necesario para cumplir con la finalidad preventiva respecto a ese bien jurídicamente tutelado”, explica Galain.

Uruguay ¿Para qué crear un mercado regulado de droga?

Más que perder la guerra contra las drogas, esta se ha vuelto obsoleta. Por cada nueva sustancia que entra al mercado y que prohíben las autoridades, los laboratorios clandestinos están produciendo una nueva versión. En 2013 Uruguay, se unió a una veintena de países alrededor del mundo que decidieron eliminar del sistema de justicia penal a los usuarios, pero no a las drogas.

Pero en concreto ¿para qué crear un mercado regulado de drogas? Al respecto, Galain, esgrime tres objetivos. “En primer lugar como política de salud que separe drogas blandas de duras e interfiera en la calidad del producto. En segundo lugar, para la protección del derecho humano a la libertad de consumo y en tercer lugar como política recaudatoria de impuestos tal como sucede con otros productos que pueden causar daños a la salud tal como el alcohol, tabaco o los juegos de azar. Es decir, una regulación propia de una política de reducción de daños”, explica.

“El Estado debería centrarse en romper con la confianza sobre la cual se construyen las relaciones en los mercados ilegales y ganar credibilidad y confiabilidad en los usuarios. Esto, sin crear un mercado muy atractivo, pues el bien jurídico tutelado por el derecho y las distintas regulaciones es justamente la salud de la población. En este sentido, la implementación de este mercado regulado en Uruguay, no ha significado un cambio de paradigma, pero sí ha brindado una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la ley de la ley penal. Haciendo que el concepto de reducción de daños se relacione, no sólo con aspectos de contralor de la salud sino también con la agenda de derechos humanos, entre los que se encuentra la libertad de consumo y las condiciones de acceso al producto”, concluye el Dr. Galain.

La conferencia completa la pueden encontrar aquí

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