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El investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello analiza en esta columna publicada por Diario Concepción los escenarios económicos frente a un eventual escenario de retorno.

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Existen cada vez menos dudas respecto a los nefastos efectos económicos asociados a la pandemia desatada por el coronavirus COVID-19. Y si bien resulta más o menos claro lo grave de la crisis que se avecina, persiste la incertidumbre respecto de su alcance y magnitud en sectores específicos de nuestra economía.

A nivel macro, las políticas orientadas a proveer de liquidez al mercado son necesarias, pero en ningún caso serán suficientes para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Se requiere de políticas micro que respondan a características específicas del sector al cual están destinadas. Lo anterior, puesto que una correcta asignación de recursos requiere conocimiento de las necesidades y requerimientos específicos del sector al cual se dirigen estos recursos.

Un aspecto a considerar al momento de diseñar estas políticas tiene que ver con los potenciales efectos de más largo aliento que esta pandemia parece estar provocando. Evidencia anecdótica sugiere que muchas transformaciones de carácter estructural se han acelerado, lo que ha redundado en costos de ajuste difíciles de cuantificar. Por ejemplo, el teletrabajo se ha posicionado como una importante herramienta para el desarrollo de muchas tareas (no todas, por supuesto) en muchos sectores (considere el sector educación, por ejemplo). Sin embargo, su implementación ha significado en muchos casos, una adecuación forzosa y casi instantánea tanto de trabajadores como de organizaciones. Misma situación ocurre con el comercio minorista y su adecuación al formato de ventas online.

En tiempos normales, este tipo de ajustes ocurre en paralelo con el desarrollo de habilidades y competencias necesarias, y que producto de esta pandemia se han debido acelerar. En este escenario, una política gradual y segura de normalización de la actividad económica (apertura gradual de comercios, retorno gradual de empleados públicos a sus puestos de trabajo) podría impactar positivamente no solo en la revitalización de la actividad económica, sino que también en la suavización de los costos asociados a la correcta internalización de estos cambios tecnológicos. Sin embargo, políticas como éstas deben concebirse en un contexto en el cual el fin último sea facilitar y promover una correcta transición y adecuación de empresas, trabajadores y consumidores a la nueva realidad que esta pandemia parece estar provocado.

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