Radio Valparaíso | Más de 43 mil familias podrían ser desalojadas de campamentos en Chile

De acuerdo al “Catastro Nacional de Campamentos” de TECHO-Chile, actualmente existen 1.428 campamentos a nivel nacional, de los cuales 447 se encuentran bajo amenaza de desalojo, lo que podría afectar a más de 43.000 familias en situación de alta vulnerabilidad. Frente a este escenario, la académica Rosa Villarroel, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, enfatizó que este fenómeno revela una crisis estructural del modelo habitacional chileno, donde los sectores más excluidos carecen de alternativas dignas para acceder a una vivienda.

“Cuando hablamos de desalojos sin alternativas, hablamos de vulneración de derechos y de una profundización de las condiciones de precariedad. Esto no sólo genera una crisis habitacional, sino también emocional: hay niños, personas mayores, migrantes, que viven en incertidumbre y ansiedad por no saber qué va a pasar con ellos”, expresó Villarroel.

Desde la UNAB, explicó, se han impulsado acciones concretas en terreno tras el mega incendio ocurrido en febrero del 2024, trabajando en sectores como Lomas Latorre, Jardín La Torre y Almendros B, con un enfoque interdisciplinario que incluye asesoría legal, apoyo a la infancia y acompañamiento psicosocial.

“Hoy, la reconstrucción está siendo impulsada por privados, vecinos y fundaciones, no por el Estado. Nosotros como carrera hemos estado allí, acompañando, escuchando y sumando esfuerzos. No podemos resolver el déficit habitacional, pero sí podemos generar redes de apoyo concretas”, señaló la académica, quien también invitó a personas externas a colaborar con estas iniciativas.

Finalmente, Villarroel recalcó que la disciplina del Trabajo Social cumple 100 años en Chile, y sigue comprometida con la defensa de los derechos humanos y el trabajo en territorio. “Pensar en desalojos sin dignidad ni soluciones es condenar a las familias a seguir viviendo en exclusión. Urge una política pública robusta y una respuesta estatal real al derecho a la vivienda”, concluyó.

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