Radio Bío Bío | A dos años de la “Ley Papito Corazón”: avances y desafíos pendientes

A dos años de su aprobación y un año desde su entrada en vigencia, la Ley 21.484 ha permitido importantes avances en el cumplimiento de las pensiones alimenticias adeudadas, recaudando más de $2,5 billones, según datos del Poder Judicial.

Así lo detalló la académica de la Clínica Jurídica UNAB, María Jesús Mocarquer, en conversación con Radio Bío Bío, destacando que “ha dado buenos resultados, hay muchas personas que por fin han recibido pensiones que se les debían desde hace años”.

No obstante, la docente adviertió que aún persisten desafíos importantes. Uno de ellos es que, si bien se logra el pago de deudas acumuladas, estas se siguen generando mes a mes, por lo que es necesario continuar con el seguimiento y fiscalización. Asimismo, señaló que el 96% de las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones son hombres, lo que evidencia una problemática estructural de abandono parental.

La abogada también mencionó las limitaciones que enfrenta el sistema por falta de recursos e implementación adecuada. “Muchas instituciones, públicas y privadas, no hacen efectiva la revisión del registro, lo que impide la retención de fondos en procesos como créditos bancarios o venta de bienes”, explicó.

Respecto al funcionamiento del sistema, Mocarquer detalló que el proceso comienza en el tribunal de familia, con una liquidación automática mensual de la deuda. A partir de esto, se pueden iniciar procedimientos especiales para investigar saldos bancarios y, si no se encuentran fondos, se puede recurrir a los ahorros previsionales del deudor como última instancia.

Consultada sobre el destino del dinero, explicó que este abarca ítems como salud, educación, vestimenta, medicamentos y actividades recreativas. Recalcó que es indispensable que la pensión esté fijada judicialmente para que pueda ser exigida y ejecutada, y que no basta con acuerdos de palabra entre los padres.

Finalmente,  la académica hizo un llamado a las personas que necesitan orientación para acceder a este derecho. “Existen clínicas jurídicas universitarias como la de la Universidad Andrés Bello, donde se puede recibir asesoría y representación gratuita para quienes califiquen”, afirmó.

La especialista subrayó que, pese a los avances, “queda mucho por hacer”, especialmente en asegurar que las instituciones actúen de forma coordinada y comprometida para garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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