OCRIT UNAB presentó estudio sobre comercio ilegal y crimen organizado en sede Viña del Mar

El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Andrés Bello presentó en la sede Viña del Mar el estudio «Evolución del Comercio Ilegal y su relación con el Crimen Organizado en Chile (2020-2025)», investigación que analiza el comportamiento de este fenómeno a nivel nacional y regional a partir de cifras oficiales del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La actividad reunió a representantes del mundo académico, autoridades, gremios y actores del sector público y privado con el objetivo de reflexionar sobre el impacto del comercio ilegal en la seguridad pública, la economía formal y su creciente vinculación con organizaciones criminales.

Datos para comprender el fenómeno

Durante la presentación y con foco en el comercio ilegal, el coordinador del OCRIT UNAB, Pablo Urquízar, explicó que el estudio evidenció que Valparaíso registró un aumento de 88,7% entre 2024 y 2025, ubicándose como la segunda región del país con mayor crecimiento de casos policiales, solo superada por Atacama.

Asimismo, el informe identificó a Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, San Antonio, Los Andes y Limache entre las comunas de la región con mayor complejidad asociada a este fenómeno.

«El comercio ilegal ya no puede entenderse únicamente como una actividad económica informal. Hoy forma parte de estructuras criminales mucho más complejas, vinculadas al contrabando, la falsificación de productos, el lavado de activos y el control territorial. Comprender esta realidad mediante evidencia es fundamental para diseñar mejores políticas públicas», explicó Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB.

El investigador agregó que el estudio permite visualizar cómo distintos delitos evolucionan de manera relacionada y entregan información relevante para comprender la dinámica del crimen organizado tanto a nivel nacional como regional.

Aporte al debate público

Durante la apertura de la actividad, el vicerrector de la sede UNAB Viña del Mar, Gerald Pugh, destacó el rol que cumple la universidad en la generación de conocimiento para abordar problemáticas de alto impacto social.

«Como Universidad Andrés Bello decidimos crear, a través del Instituto de Políticas Públicas, el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo porque creemos que la discusión pública debe sustentarse en evidencia. Cuando el crimen organizado avanza, toda la sociedad se ve afectada, por lo que generar espacios de análisis como este resulta fundamental para comprender estos fenómenos y contribuir a enfrentarlos de mejor manera», señaló.

Por su parte, el vicerrector de Vinculación con el Medio y Alumni, Ignacio Guerrero, valoró la colaboración entre la universidad y el sector productivo.

«Este tipo de instancias fortalecen el vínculo entre la academia, el mundo público y el sector privado. Contar con espacios de diálogo basados en evidencia permite aportar a la formulación de políticas públicas y, al mismo tiempo, acercar a nuestros estudiantes a los desafíos que enfrentarán durante su desarrollo profesional», indicó.

Trabajo conjunto

La actividad contó con la participación de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, institución que valoró el aporte del estudio para comprender la evolución de las economías ilícitas.

«Las economías ilegales ya no pueden entenderse únicamente como un problema de seguridad. También afectan a quienes desarrollan su actividad cumpliendo las reglas, desincentivan la inversión y perjudican el desarrollo económico. Contar con evidencia como la que entrega este estudio resulta clave para comprender el fenómeno y avanzar en soluciones coordinadas entre el sector público y privado», afirmó Marcela Pastene, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso.

Durante el encuentro también se abordaron los principales desafíos para enfrentar el avance del comercio ilegal, entre ellos el fortalecimiento del control territorial, el desarrollo de estrategias diferenciadas según cada territorio, el combate al lavado de activos, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza ciudadana.