Observatorio para la Inclusión UNAB analizó dichos de experto coreano sobre autonomía de las personas con discapacidad intelectual

El Observatorio para la Inclusión de la U. Andrés Bello tiene como objetivo contribuir en la disminución de las barreras que afectan a las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

Por ello, el balance del recientemente realizado conversatorio “Ley de autismo: La experiencia coreana”, que contó con la participación de Cheol-Ung Je, profesor de la U. de Hanyang de Seúl, Corea, fue positivo y valioso.

Según detalló Andrés Musalem, investigador del Observatorio para la Inclusión UNAB, “en el balance general está lo valioso de conocer el estado del arte y el desarrollo que tiene la inclusión de personas con discapacidad intelectual en países considerados desarrollados, y hacer un ejercicio de política pública comparada”.

Musalem agrega que “también está el hecho de que se nos presentó la oportunidad de colaborar con una fundación dedicada a la inclusión (WAZU) y un centro académico dedicado a desarrollar tecnología inclusiva (CEDETI-UC), la tomamos, y nos quedamos con el impulso de continuar colaborando en pro de la inclusión, más allá de que el evento mismo fue un éxito”.

Asimismo, el investigador reconoce que existe una demanda por espacios de debate y conversación tanto en el mundo académico como de parte de la comunidad autista, que el Observatorio seguirá impulsando.

¿Qué se puede decir de la experiencia coreana sobre Ley TEA y que pueda ser replicada en Chile?

El profesor Je establece que, a pesar de los avances logrados a nivel regulatorio y normativo de los servicios otorgados a las personas con discapacidad intelectual en Corea, especialmente con la Ley de Inclusión (2008), o con la Ley de Tutela y Custodia (2011), o la aún más reciente Política de Desinstitucionalización, hay que cambiar por completo el paradigma desde el cual bajan las acciones de inclusión.

El paradigma actual es tradicional y proteccionista, desde el cual no solo operan los servicios, sino también las mismas familias, lo que impide o bloquea por completo la autonomía y la autodeterminación. Por ejemplo, son leyes y políticas orientadas pensando en la discapacidad más severa, pero que hace caer a todos en el mismo esquema, el foco está en escuchar más a los familiares que a la persona con discapacidad, en imponer estándares de éxito o logro que incluso podrían resultar inadecuados para personas sin discapacidad.  Por ejemplo, disponer de los bienes, ahorros o los ingresos que les corresponden.

En ese sentido, se observa que a una persona sin discapacidad que decide hacer una mala inversión, no se le quita la autonomía de correr el riesgo, en cambio, a una persona con discapacidad intelectual no se le permite el mismo beneficio de tomar sus propias decisiones financieras, aunque implique riesgos. Y así muchos otros ejemplos.

En otras palabras, se apunta a que es necesario modificar cómo se entiende la situación de toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual. Una conclusión importante es que el problema radica en que las personas sin discapacidad intelectual tienen dificultades para comprender las formas y el significado de la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad. Esto lo identifica el profesor Je en la sociedad y las políticas públicas coreanas, pero se aplica perfectamente a nuestro país.

Finalmente, tenemos que en Chile, la práctica del apoyo a las personas con discapacidad intelectual también está estrechamente ligada al paradigma desde el que actúan los servicios y la sociedad en general, por lo que se hace necesario  impulsar, con mayor fuerza, la participación activa de estas personas en la vida social  y política.

A nivel de Derecho, ¿Cómo o en qué está trabajando el Observatorio para la Inclusión sobre la Ley TEA?

En esta línea, el Observatorio se encuentra promocionando la bajada de la nueva Ley TEA a nivel de la Educación Superior, donde los apoyos y los servicios son más atomizados y dispersos que a nivel de educación secundaria. Hay una deuda del sistema de Educación Superior en cuanto a disminuir la brecha entre el número de personas con discapacidad intelectual que logran graduarse de educación secundaria y lo que, después, logran egresar de la Educación Superior para integrarse desde ahí a la vida social y, eventualmente, a la vida laboral.

También hay una propuesta de co-creación de espacios adaptados para estudiantes, que esperamos sea posible implementar y replicara a futuro. Y, finalmente, queremos avanzar en evaluar la forma en que el sistema judicial interactúa con las personas con discapacidad intelectual que son víctimas de delitos o que, simplemente, se ven involucradas en procesos judiciales. Esto está muy ausente en nuestro país y estamos evaluando maneras de avanzar en la capacitación a profesionales del sistema para que presten un acompañamiento adecuado que le permita a la persona con discapacidad intelectual que es víctima o testigo, transitar exitosamente por un proceso judicial.