Nueva ley sobre personas mayores marcó seminario de la Clínica Jurídica, Facultad de Derecho UNAB.

La Clínica Jurídica de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, realizó el III Seminario Clínico en Derecho de Familia “Las tareas de cuidado en el Derecho Civil y de Familia chileno”, encuentro que reunió a estudiantes, académicos y profesionales para analizar los desafíos jurídicos asociados a las personas mayores.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la Ley N°21.822, nueva legislación integral sobre protección de los derechos de este grupo de la población. A partir de ella, los participantes abordaron materias como autonomía, cuidados, abandono social y las dificultades que enfrentan tribunales e instituciones ante situaciones de dependencia.

María Verónica Goiri, coordinadora académica de la Clínica Jurídica UNAB Viña del Mar, explicó que esta tercera versión estuvo dedicada a analizar las tareas de cuidado desde el Derecho Civil y de Familia chilenos, considerando especialmente el nuevo escenario normativo y su perspectiva de envejecimiento digno, activo y saludable.

«En esta tarea, la Clínica Jurídica asume una responsabilidad especial en la formación de sus estudiantes, ya que no sólo se transmiten conocimientos legales, se enseña también a escuchar, a reconocer la complejidad de los conflictos humanos, a trabajar interdisciplinariamente y a comprender que el acceso a la justicia comienza muchas veces antes de una audiencia judicial», afirmó

Nuevo escenario

La actividad reunió distintas miradas sobre una problemática que trasciende el ámbito estrictamente jurídico, incorporando a jueces, abogados, académicos y profesionales de otras disciplinas.

Eugenio Vásquez, profesor de Derecho Civil y secretario académico de la Escuela de Derecho UNAB, destacó precisamente ese carácter interdisciplinario.

“Lo positivo de la Clínica Jurídica Andrés Bello es que entrega una mirada integral, porque invita a jueces, abogados, profesores y psicólogos tanto a exponer como a participar de la jornada. Por lo tanto, es una ganancia para todos quienes intervienen”, señaló.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de preparar a los distintos actores encargados de aplicar la nueva legislación. Marcela Paz Valenzuela, jueza de Familia de Valparaíso y profesora de la UNAB, sostuvo que su entrada en vigencia supone también un desafío de capacitación.

Es necesario que socialicemos y nos capacitemos respecto de esta ley, de manera que realmente pueda ser operativa.

Desde la experiencia de los tribunales de familia, Sara Covarrubias, jueza de Familia, destacó las posibilidades que abre la normativa para enfrentar situaciones que actualmente resultan especialmente complejas.

“La idea es poder solucionar la problemática que aqueja a las personas mayores cuando están en estado de abandono”, explicó.

La magistrada advirtió, sin embargo, que la existencia de nuevas herramientas jurídicas deberá ir acompañada de recursos y capacidades institucionales que permitan responder adecuadamente a quienes se encuentran en situación de dependencia.

Derechos y autonomía

El seminario incorporó además una perspectiva internacional. El abogado Dr Hugo Tortora abordó el reconocimiento de los derechos de las personas mayores desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, junto con el papel que desempeñan organismos especializados de Naciones Unidas y del sistema interamericano.

Estas distintas aproximaciones permitieron discutir uno de los aspectos centrales que plantea el nuevo escenario: cómo compatibilizar la protección y los cuidados con el respeto por la autonomía de las personas mayores.

Para Francisco Queiro Rebolledo, director de Derecho de la Universidad Andrés Bello, llevar estas discusiones a la universidad permite acercar a los futuros abogados a materias que tendrán incidencia directa en su posterior desempeño.

Es un tema muy pertinente, tanto para el ejercicio profesional, pero sobre todo para la formación de nuestros estudiantes.

El III Seminario Clínico en Derecho de Familia permitió así anticipar algunas de las preguntas que comenzará a plantear la aplicación de la Ley N°21.822, especialmente respecto de quiénes asumen las tareas de cuidado, cómo responder ante situaciones de abandono y de qué manera proteger derechos sin limitar injustificadamente la autonomía de las personas mayores.