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LUN | Académica UNAB Macarena Díaz de Valdés habla sobre devolución de reservas inmobiliarias pese a cláusulas restrictivas
Macarena Díaz de Valdés, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, analizó en Las Últimas Noticias las dificultades que enfrentan compradores de viviendas para recuperar dineros entregados en reserva, enfatizando que la legislación protege el derecho de los consumidores a exigir la restitución de esos montos.
La demora en la devolución de dineros entregados como reservas para la compra de propiedades se ha transformado en una preocupación para cientos de consumidores en Chile. Así lo evidenció un reportaje publicado por Las Últimas Noticias (LUN), que abordó casos de personas que llevan meses e incluso años esperando la restitución de recursos comprometidos durante procesos de compraventa inmobiliaria.
En este contexto, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Macarena Díaz de Valdés, entregó una mirada jurídica sobre los derechos que asisten a los consumidores cuando las empresas incumplen los compromisos adquiridos respecto de la devolución de estos montos.
La publicación recoge el caso de una compradora de la Región de Coquimbo que espera desde 2023 el reembolso de una reserva asociada a la adquisición de una vivienda. La situación no sería aislada. De acuerdo con antecedentes entregados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), más de 380 personas habrían resultado afectadas por retrasos en la devolución de dineros vinculados a proyectos inmobiliarios en distintas regiones del país.
Protección legal para los consumidores
Consultada por el medio, Macarena Díaz de Valdés explicó que, si bien las condiciones específicas dependen de los términos establecidos en los contratos de reserva o promesas de compraventa, existen límites legales que resguardan los derechos de los consumidores frente a posibles abusos.
Según señaló la académica UNAB, los consumidores mantienen el derecho a exigir la restitución de los recursos entregados, especialmente cuando las empresas no cumplen con los compromisos previamente acordados.
“Cualquier cláusula de renuncia a esta facultad o a eventuales indemnizaciones de perjuicios constituirían una cláusula abusiva de acuerdo con la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor”, afirmó.
Su análisis cobra relevancia en un escenario donde algunos compradores enfrentan extensas demoras para recuperar montos que, dependiendo de cada caso, pueden representar sumas significativas para las familias.
Cláusulas abusivas y acceso a la justicia
La académica explicó además que, cuando las gestiones extrajudiciales no prosperan, los consumidores pueden recurrir a acciones judiciales para exigir el cumplimiento de sus derechos.
El planteamiento pone de relieve una de las principales herramientas contempladas por la legislación chilena para enfrentar incumplimientos contractuales en relaciones de consumo: la posibilidad de cuestionar judicialmente cláusulas consideradas abusivas o contrarias a las garantías establecidas por la ley.
La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores establece mecanismos destinados a equilibrar la relación entre empresas y clientes, particularmente en situaciones donde existen diferencias significativas de información o poder de negociación entre las partes.
