07 Abril 2025

Las Noticias | Columna de opinión: Compra de casa de Allende: Un sueño que se transformó en una pesadilla

Jorge Rivas, académico de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, explicó los motivos de la destitución de Isabel Allende como senadora luego de la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno.

En una columna publicada por Las Noticias, el académico de la Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Jorge Astudillo, comentó las consecuencias, según lo que dicta la constitución, de la compra fallida de la casa de Salvador Allende por parte del gobierno.

Dr. Jorge Astudillo, académico Derecho UNAB, analiza las contradicciones entre las acciones y el discurso de la clase política durante el 2024. Biobío Chile, 27 de diciembre de 2024.Respecto al hecho, el académico indicó que «ni el Ejecutivo, ni sus asesores, ni tampoco los propios dueños del inmueble -entre ellos, una Ministra de Estado y una Senadora de la República- advirtieron o consideraron relevante una norma constitucional básica, cuya vulneración arrastra consecuencias graves«.

Lo que comenzó como un sueño romántico, al parecer del Presidente Boric, terminó como una pesadilla que se pudo haber evitado con una simple lectura de la Constitución.

«La Constitución es clara y taxativa, los artículos 37 bis y 60, inciso segundo de la Carta Fundamental prohíben expresamente a ciertas autoridades a celebrar contratos con el Estado«, añadió Jorge Rivas.

Según lo indicado por el académico de Derecho «esta prohibición no es antojadiza: responde a la necesidad de evitar abusos derivados de una posición de poder y asegurar que el servicio público se ejerza con probidad y desinterés personal«.

«En el caso de los senadores, la infracción de esta norma tiene una consecuencia directa y severa: la cesación del cargo y el hecho de que el contrato de compraventa de la casa del expresidente haya sido celebrado activó este efecto de la Constitución», complementó Rivas.

Finalmente, el experto sostuvo que «este caso vuelve a poner de manifiesto que las funciones públicas deben ser ejercidas con rigurosidad y con estricto apegamiento al ordenamiento jurídico, de tal manera de evitar errores que afectan a la institucionalidad y estabilidad del sistema político.