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La Tribuna | Columna de opinión: Verdad pendiente
Marcela Olguín, académica de la carrera de Trabajo Social de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, abordó las vulneraciones a la niñez entre 1979 y 2024.
En una columna publicada el 20 de mayo por La Tribuna, la académica de la carrera de Trabajo Social de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Marcela Olguín, abordó las vulneraciones de los derechos humanos de niños entre 1979 y 2024.
La académica señaló que «la Comisión Verdad y Niñez nació con un objetivo profundamente necesario: esclarecer las graves vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024».
«Su creación representa un intento por avanzar en verdad, reparación y garantías de no repetición frente a una de las heridas más dolorosas de nuestra historia reciente», explicó Olguín.
Hablar sobre experiencias de violencia institucional, abandono o vulneración requiere tiempo, confianza y condiciones adecuadas de acompañamiento.
La experta indicó que «muchas víctimas han tardado décadas en sentirse capaces de contar lo ocurrido. Por eso, todo proceso de escucha debe construirse desde el cuidado, la contención y el respeto irrestricto hacia quienes entregan su testimonio».
«En ese contexto, preocupa el debilitamiento que hoy enfrenta la Comisión. Las dificultades para acceder a información, la escasa colaboración de distintos organismos públicos y la limitada difusión ya habían generado obstáculos importantes para el cumplimiento de su mandato», añadió Olguín.
Sumado a esto, la académica manifestó que «la desvinculación de parte significativa del equipo profesional, la reducción de presencia regional y la eliminación de áreas fundamentales para el trabajo de archivo, memoria y documentación amenazan con debilitar un proceso que aún se encuentra en plena etapa de recepción de testimonios».
«El problema no es únicamente administrativo. Cuando procesos de esta naturaleza pierden capacidad territorial, acompañamiento o continuidad, quienes primero resienten esas decisiones son las propias víctimas», explicó la experta.
Finalmente, Olguín sentenció que «avanzar en verdad y justicia respecto de las vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes no debiera entenderse como un gesto simbólico ni administrativo. Es una responsabilidad democrática mínima frente a quienes el propio Estado no supo proteger».
