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La Tribuna | Columna de opinión: Una relación indispensable para la estabilidad institucional
Jorge Astudillo, académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, analizó la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en el marco del entrante gobierno de José Antonio Kast.
En una columna publicada el 12 de marzo por La Tribuna, el académico de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Jorge Astudillo, abordó la importancia de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El académico señaló que «en un Estado de Derecho, como el sistema político-constitucional chileno, la respuesta no puede construirse sobre la base de afinidades ideológicas o coyunturas políticas, sino sobre el principio de separación de poderes».
El inicio de un nuevo gobierno nos lleva a preguntarnos cómo deben relacionarse el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
«Los artículos 7 y 76 de la Constitución delimitan las competencias de los órganos del Estado y aseguran la autonomía del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción», añadió Astudillo.
El experto indicó que «la separación de poderes no implica aislamiento entre los órganos del Estado, sino una relación institucional basada en respeto, cooperación y límites claros. El Presidente de la República gobierna y administra».
«El Poder Judicial resuelve controversias de relevancia jurídica aplicando el derecho. Cuando estos roles se tensionan de manera excesiva, se debilita la confianza en las instituciones y se afecta la estabilidad del sistema democrático», explicó Astudillo.
En el contexto político actual, la forma en que se desarrolle esta relación adquiere una particular relevancia.
Además, el académico advirtió que «el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad derivada de casos de corrupción al interior de la judicatura que han erosionado la confianza ciudadana. En ese escenario, el comportamiento del Ejecutivo resulta especialmente significativo».
Finalmente, Astudillo enfatizó que el desafío del Ejecutivo «será promover mecanismos que fortalezcan la transparencia, la carrera judicial basada en el mérito y la independencia, evitando que el sistema vuelva a derivar en la politización de los nombramientos que tanto daño ha ocasionado al país.
