La Tercera | Efectos y aprensiones por la nueva cifra para reajustar los planes de salud de las isapres

La Superintendencia de Salud anunció este martes en el Diario Oficial la máxima variación porcentual que las isapres podrán aplicar para aumentar los costos de los planes de salud de sus miembros en el proceso de ajuste de este año. Esto ocurre después de que a finales de 2023 se decidiera adelantar la publicación del indicador, con el objetivo de equilibrar el impacto del fallo GES de la Corte Suprema y abordar la crisis en el sector.

En resumen, el regulador estableció que las isapres podrán incrementar los planes hasta un máximo de 7,4%. Las compañías tienen cinco días para comunicar a la Superintendencia si ajustarán o no los precios de los planes y, en caso afirmativo, el porcentaje exacto que aplicarán. Cada aseguradora deberá hacer sus cálculos, ya que el máximo es un promedio y algunas isapres pueden tener costos que superan este límite establecido.

Esto se enmarca en la reciente Ley 21.350, promulgada en junio de 2021, la cual eliminó la facultad discrecional que tenían las isapres para ajustar los precios de los planes de salud. Esta normativa establece un nuevo proceso para modificar los precios de los planes, que toma en cuenta el gasto y la frecuencia de uso de las prestaciones, como consultas médicas, cirugías y exámenes, así como las licencias médicas en el sistema privado, entre otros aspectos.

A pesar de la reticencia de la Asociación de Isapres por la cifra calculada, para Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública UNAB, la medida oficializada durante este martes sí colabora con el equilibrio financiero de la industria:

Ayuda porque (el alza permitida) es un porcentaje superior, lo que hace que mejore la caja de las isapres. Además compensa el impacto que han recibido las aseguradoras por el fallo GES”. Sin embargo, aclara, también tiene efectos negativos: “Los afiliados podrían abandonar sus isapres al ver que aumentan los precios y se irán a Fonasa. Otro efecto es que en el corto plazo se produzca una nueva judicialización.

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