La Tercera| Columna de Antonio Leiva Rabael: Un gran poder requiere mucho control

A raíz de que a finales de 2024 se publicó esta ley, donde se creó la Agencia de Protección de Datos (APDP), el abogado y docente de la Universidad Andrés Bello abordó este tema.
“Revisamos las normas legales sobre este servicio público y encontramos al menos un tema urgente de analizar: El régimen en cuanto a infracciones que aplicará, la magnitud de las penas y las sanciones accesorias”, planteó.

Además, argumentó que “la primera cuestión relevante son las penas”. “En la regulación se observan infracciones leves desde una amonestación hasta 5 mil UTM (más de 330 millones de pesos). Las graves llegan a 10 mil UTM. Finalmente, las gravísimas pueden alcanzar las 20.000 UTM”.

En cada caso multado, explicó, la APDP informará las medidas que deben adoptarse para subsanar las infracciones. “Debe advertirse que, si vencido el plazo legal no se han ejecutado las correcciones, la multa aumenta en un 50% pudiendo llegar a 2.000 millones de pesos”.
Asimismo, expuso que existe otro asunto que amerita atención: “La sanción accesoria de suspensión del tratamiento de datos. En virtud de ella, el sujeto sancionado no podrá hacer tratamiento de datos personales”.

Prosiguió: “Se le impide almacenar, transmitir o utilizar datos personales, como el nombre, número de cédula de identidad, elementos de la identidad física, económica o social de las personas”.

Considerando las penas y las sanciones accesorias, Leiva reflexionó sobre el efecto que podría tener en la operación de las compañías. Como en la necesidad de enfrentar los excesos de esas potestades con las herramientas constitucionales y legales con que cuenta, tanto la ciudadanía como las empresas.

Litoralpress – Texto de la Noticia