La Tercera A Bordo | Académico Antonio Leiva analizó desafíos pendientes de la nueva Ley de Adopción

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Antonio Leiva, participó recientemente en un reportaje publicado por La Tercera, donde analizó las dificultades que enfrenta la implementación de la nueva Ley de Adopción, normativa promulgada en 2025 y considerada una de las reformas más relevantes al sistema de adopción chileno de las últimas décadas. 

La ley fue diseñada para agilizar los procesos de adopción, reducir los tiempos de permanencia de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado y ampliar las posibilidades de integración familiar. Sin embargo, pese a encontrarse vigente, su aplicación efectiva depende de una serie de reglamentos que aún se encuentran en proceso de tramitación. 

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, algunos de los reglamentos retirados desde Contraloría para su revisión ya estarían listos para ser reingresados, mientras continúan elaborándose otros instrumentos necesarios para completar la arquitectura normativa que permitirá la plena implementación de la ley. 

En este contexto, Leiva explicó que la existencia de una ley sin los reglamentos correspondientes genera dificultades para su ejecución práctica. “Que una ley esté vigente, pero que no pueda implementarse está lejos de lo ideal”, señaló en conversación con el medio. Asimismo, agregó que “toda norma jurídica tiene como propósito aplicarse a la realidad que regula”. 

Actualmente, los procesos de adopción continúan desarrollándose bajo la antigua Ley 19.620, mientras se completan los siete reglamentos requeridos para la puesta en marcha de la nueva normativa. Entre ellos se encuentran disposiciones relacionadas con la acreditación de organismos colaboradores, los sistemas de financiamiento, los procedimientos de evaluación de familias adoptivas y el funcionamiento de distintas instituciones involucradas en el proceso. 

Para el académico UNAB, el principal problema no radica en la elaboración de los reglamentos, sino en el tiempo que ha tomado completar su tramitación. “El reglamento ya fue elaborado, pero no se encuentra totalmente tramitado: ese es el genuino problema”, afirmó. 

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la reducción de los tiempos de espera para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado. Actualmente, los procesos pueden extenderse durante años debido a la existencia de múltiples etapas judiciales y administrativas. La nueva legislación busca simplificar estos procedimientos y establecer plazos más acotados para favorecer el acceso oportuno a una familia. 

En ese sentido, Leiva destacó que la normativa apunta a mejorar la coordinación del sistema. “Busca darle unidad al proceso de adopción, evitando duplicidad y multiplicidad de trámites”, explicó. 

La discusión sobre la implementación de la ley también ha puesto el foco en la capacidad operativa de las instituciones públicas encargadas de ejecutarla. Diversos especialistas han coincidido en que el éxito de la reforma dependerá no solo de la existencia de nuevas reglas, sino también de los recursos, la capacitación y la coordinación entre organismos responsables de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar. 

Respecto de este desafío, el académico de la Universidad Andrés Bello advirtió que “el principal desafío está en la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los niños y de las familias al mismo tiempo”. Asimismo, concluyó que “los plazos dependen no sólo de estar fijados en la ley, sino además de la capacidad que tenga la administración del Estado para gestionarlos”. 

Mientras continúa el proceso de revisión y aprobación de los reglamentos pendientes, el debate sigue centrado en cómo asegurar que los cambios impulsados por la nueva legislación puedan traducirse efectivamente en mejores oportunidades para miles de niños, niñas y adolescentes que esperan integrarse a una familia.