02 Junio 2025

La Segunda | Raúl Figueroa: “Si el FES se aprueba condenaría a las universidades a la mediocridad”

En conversación con el diario La Segunda, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, abordó los posibles efectos del proyecto que buscar eliminar el CAE e instaurar el sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES).

Hoy la vida de Raúl Figueroa (50) es harto más amable que en su época en el Ministerio de Educación; allí fue subsecretario de Gerardo Varela y Marcela Cubillos (entre marzo 2018 y febrero de 2020) y luego ministro hasta el final del segundo mandato de Sebastián Piñera. Fue como secretario de Estado que enfrentó una acusación constitucional, presentada por la entonces oposición, por promover la vuelta presencial a clases cuando había pasado lo más cruento de la pandemia (2021). El propio Presidente Boric reconoció tiempo después que aquello había sido un error.

Por ello, y si bien es parte del equipo programático que acompaña a Evelyn Matthei, descarta retornar al Mineduc. «Uno de los problemas que ha tenido la educación en Chile es el alto nivel de politización de la agenda y, por lo tanto, inevitablemente, quienes pasan por ese ministerio van cargando con parte de esa politización. Es innegable que los ministros de Educación van acumulando una carga, que es contradictoria con el objetivo de lograr consensos en temas esenciales. Lo que he dicho, y lo confirmo, es que cuando cargas con una mochila de politización y divisiones, no tiene ningún sentido (volver). Creo que no le haría bien al sistema educativo», explica.

Con esa mayor libertad y desde su rol como director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, sostiene un par de certezas. La primera: el proyecto de Financiamiento de Educación Superior (FES) que se debate en el Congreso, y que busca reemplazar al CAE, puede tener graves consecuencias para la estabilidad presupuestaria de universidades, institutos profesionales y centros de educación técnica. Segundo: Chile debe mirar con cautela el auge de liderazgos políticos con rasgos similares a los de Donald Trump.

¿Cómo impacta el nuevo modelo de financiamiento propuesto por el Gobierno en el desarrollo institucional de las instituciones de educación superior?

-Con el proyecto de ley que se discute en el Congreso, se ve seriamente amenazada la diversidad de proyectos educativos, la autonomía de las instituciones y la calidad de la oferta académica. Esto se debe a que se propone un modelo de financiamiento con una altísima dependencia del Fisco. La iniciativa altera la actual lógica de financiamiento, haciendo que el desarrollo de proyectos de calidad dependa casi exclusivamente de la capacidad económica del Estado. Además, el diseño de política pública que plantea no solo refuerza esta dependencia, sino que también promueve la homogeneidad en los proyectos educativos y una posible intervención -directa o indirecta- en el uso de los recursos por parte de las instituciones.

Así, una propuesta que debiera fortalecer la calidad y diversidad, termina atentando contra ellas y restringiendo el desarrollo institucional.

-Como exministro, ¿qué nota le pones a este proyecto FES?

-Un 2.

Esa mala evaluación, ¿responde más a una motivación ideológica detrás de la propuesta, o crees que se trata simplemente de un proyecto mal diseñado?

-Creo que es una perfecta combinación de un proyecto técnicamente mal concebido, y que es coherente con un objetivo ideológico que no ha mostrado éxito. En la práctica, lo que hace este proyecto es reemplazar la idea de gratuidad por un impuesto a los egresados, pero la estructura de financiamiento público y de intervención del Estado en los proyectos institucionales es exactamente la misma que la de la gratuidad, con todas las dificultades que la gratuidad ha generado en las instituciones. Desde el punto de vista técnico, creo que tiene altísimas deficiencias, porque en definitiva lo que hace es dejar de lado los elementos centrales que debe tener cualquier mecanismo de financiamiento para ser eficiente. Dicho sistema tiene que cumplir con tres requisitos esenciales: uno, ser adecuado para que los jóvenes que necesitan apoyo puedan efectivamente acceder a la educación superior, y una vez que egresan, puedan combinar su responsabilidad con el desarrollo personal. Esto no se cumple, porque es un impuesto altísimo, que en definitiva va a implicar una carga para esos jóvenes mucho más compleja que la que hoy significa el CAE. Dos, debe ser coherente con el desarrollo constante, sostenible y de calidad de las instituciones de educación superior. El desfinanciamiento que este proyecto implica para estos establecimientos va a traer problemas serios en la calidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. Tres, debe ser fiscalmente sostenible, y este modelo no lo es porque tiene una cantidad de elementos que hacen que el informe financiero descanse en una realidad que no va a ocurrir: que todos los jóvenes estén dentro del mercado formal.

-¿Cómo te imaginas el sistema de educación superior en 10 años si se implementa esta propuesta de financiamiento?

-Si el proyecto se aprueba tal como está, se vislumbra un escenario negativo porque condena al sistema de educación superior a la mediocridad. La fijación de aranceles, las restricciones económicas y la pérdida de autonomía configuran un sistema plano, que limita las oportunidades y aleja al país de los estándares internacionales con los que hoy debe medirse. Este tipo de financiamiento ya ha mostrado sus efectos con la gratuidad: no ha mejorado la cobertura ni la equidad en el acceso, aspectos que estaban razonablemente bien resueltos con el sistema anterior, que combinaba becas y créditos. En cambio, las instituciones que han adherido a la gratuidad han sufrido un serio desfinanciamiento, lo que impacta directamente en su calidad y sostenibilidad. Aun así, la educación superior en Chile sigue siendo una opción valiosa: los egresados obtienen, en promedio, una rentabilidad significativamente mayor. De hecho, Chile tiene el premio salarial más alto de la OCDE: un joven que cursa estudios superiores gana, en promedio, 2,7 veces más que quien no lo hace. Por eso, los mecanismos de financiamiento deberían estar mejor alineados con los beneficios reales que reciben los estudiantes.

-Más allá del impacto a las universidades, ¿cómo le va a afectar este nuevo modelo de financiamiento a los futuros estudiantes?

-Desde el punto de vista financiero, este proyecto es un torpedo bajo la línea de flotación de la clase media. Los jóvenes de clase media, que son quienes más necesitan instrumentos de financiamiento para poder estudiar, quedan amarrados a una única alternativa: el FES. Este sistema trae consigo un impuesto que no solo es alto, sino también injusto, ya que grava todas las rentas del egresado, no solo las del trabajo. Por ejemplo, si un profesional que estudió con el FES retira dinero de un fondo mutuo, ese retiro queda gravado con el impuesto del FES. Si vende una casa con ganancia, ese mayor valor también queda afecto. Cualquier tipo de renta que reciba quedará gravada por este nuevo impuesto, que lo acompañará por hasta 20 años. A diferencia de un crédito tradicional, donde el estudiante sabe a cuánto se obliga, con qué condiciones y cómo extinguir la deuda, con el FES no ocurre eso. Además, desde el punto de vista del valor del título, si el sistema va a tender a la mediocridad, el título profesional pierde competitividad tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo concreto: con el FES no se pueden pagar carreras online, cuando hoy muchas personas acceden a este tipo de educación. Al restringir esta modalidad, se empujará a los jóvenes a mirar hacia la oferta internacional online, y si perdemos competitividad global, también lo harán nuestros títulos profesionales.

– ¿Qué alternativas podríamos pensar?

-La alternativa es separar el proyecto y concentrarse en un diseño inteligente de condonación parcial para quienes efectivamente lo necesiten, junto con mejoras al sistema de crédito, sin eliminar la lógica crediticia para quienes requieren ese apoyo. Si separas el proyecto y te enfocas en la condonación parcial y en mejorar el sistema de crédito, manteniendo sus características esenciales y cambiando otros elementos -por ejemplo, que sea el propio Estado quien preste los recursos-, eso no sería un problema grave. Se podría crear un nuevo sistema de crédito sin participación bancaria, pero conservando la idea fundamental de que se prestan recursos para estudiar, que los estudiantes puedan devolverlos en condiciones razonables, y que tengan claridad sobre con quién, cuanto y por cuanto tiempo se comprometen. En cambio, la alternativa que propone el Gobierno es eliminar el crédito, incorporar un impuesto y, a través de ello, distorsionar los instrumentos de financiamiento, dejando de lado la lógica de que son los alumnos quienes deben ser financiados y reemplazándola por un financiamiento directo a las instituciones. Esto trae todos los problemas que hemos mencionado, y el caso de Estados Unidos es una advertencia clara de por qué hay que tener mucho cuidado con esos mecanismos.

-¿Cuál es tu opinión de la gestión Nicolás Cataldo como ministro de Educación?

-No quiero personalizar la gestión de educación. Soy muy critico de la gestión de educación de este Gobierno porque creo que ha estado fuera de sus prioridades. En los aspectos donde la agenda educativa se ha movilizado ha sido también de una manera equivocada, dejando de lado las prioridades mas urgentes. El hecho de que tengamos esta conversación superior, y no, por ejemplo, de cómo ampliamos la cobertura en la educación parvularia o cómo mejoramos los resultados de aprendizaje en el mundo escolar, es una muy buena muestra de cómo las prioridades en educación están alteradas.

-¿Cómo es tu relación con el actual ministro Cataldo?

-Tengo una relación que no es permanente, pero que es fluida. Las veces que me han convocado para dar una opinión respecto de los más diversos temas, por supuesto que uno se acerca y plantea sus puntos de vista. El ministro es una persona muy llana para la conversación, pero obviamente que nuestras ideas son diferentes.

-En una columna hiciste alusión a Trump y el tema de la autonomía universitaria. Hoy vemos lo que ha pasado con Harvard. ¿En qué medida crees que algo similar podría ocurrir en Chile?

-Es muy negativo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque se trata precisamente de un gobierno que tradicionalmente no ha tenido un afán de intervenir el sistema educativo, al contrario, el signo político del Partido Republicano se asocia en esencia a las libertades individuales y de organización; por lo tanto, es inesperado lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo demuestra que cuando tienes un sistema de educación superior que es altamente dependiente de los recursos del Estado, y autoridades que están dispuestas a intervenir, las universidades se ven afectadas con fuerza en su autonomía y en los elementos esenciales de la libertad de enseñanza. Creo que es perfectamente posible hacer un paralelo entre la lamentable situación que está ocurriendo en Estados Unidos con el proyecto de ley que se está discutiendo en Chile, no porque el proyecto de ley diga expresamente que se va a utilizar para intervenir las universidades, sino porque a través de él las instituciones de educación superior quedan con una alta dependencia de los recursos fiscales.

-Johannes Kaiser ha sido comparado con Donald Trump por su estilo y discurso polarizador. ¿Qué implicancias podría tener para nuestro sistema que lideres con ese perfil ganen fuerza?

-Es difícil anticiparse. Me preocupa que Donald Trump sea un modelo para quienes buscan aspirar a la presidencia. Lo que ha demostrado Trump, y particularmente con el mundo educativo, es una voz de alerta que nos tiene que preocupar. Desde ese punto de vista, es interesante ver quiénes buscan asemejarse a esos proyectos y quiénes buscan ir más bien a la esencia de los mismos. La centro-derecha en Chile debe con urgencia recuperar la esencia de su proyecto, que está en generar oportunidades, promover libertades individuales, reconocer el aporte invaluable que tienen las personas para el desarrollo de una sociedad libre, identificar espacios donde el mérito sea reconocido, además de contar con un aparato estatal eficiente que esté al servicio de las personas.