La Segunda | El poder tras los muros: control territorial en las cárceles chilenas

Las cárceles en Chile dejaron de ser simples recintos de encierro para convertirse en espacios donde el Estado disputa —muchas veces— el control de estas con organizaciones criminales.

Según cifras de Gendarmería, actualmente hay 61.647 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación de 143,2 %. Este hacinamiento no solo vulnera derechos básicos, sino que crea el terreno fértil para que bandas y redes delictivas consoliden su control al interior de los recintos.

Los datos entre 2015 y 2024 revelan un panorama inquietante en base al último informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello sobre la materia. En dicho período se registraron 464 homicidios intramuros, concentrados en la Región Metropolitana (40,1 %). Colina II y Santiago Sur son epicentros de la violencia letal, donde las disputas responden a la lucha por espacios y economías ilícitas.

Paralelamente, las incautaciones de droga aumentaron un 1.205% (33.012 casos), consolidando al narcotráfico como eje de las economías carcelarias. Regiones como Antofagasta (+18.800 %) y Ñuble (+4.600%) muestran la expansión del fenómeno hacia territorios diversos. La violencia cotidiana se refleja en 52.090 agresiones (+41%), que incluyen ataques corporales (+101%), con objetos contundentes (+33%), con armas cortopunzantes (+21%) y afectaciones sexuales (+61%). A ello se suman las amenazas (+279%) y las extorsiones (+5.100%), verdaderos mecanismos de control y disciplina interna.

Estos delitos no son solo números: son la expresión de un poder paralelo que disciplina, intimida y controla territorios penitenciarios, muchas veces con complicidad de la corrupción interna.

Durante la década, además, se incautaron 117.765 celulares, con un incremento del 257% entre 2015 y 2024, reflejo de la debilidad del control estatal: casi dos teléfonos por cada preso en la actualidad. No olvidemos tampoco que el Tren de Aragua, hoy la mayor amenaza a la seguridad nacional, nació precisamente en una cárcel: Tocorón, en Venezuela. Desde ahí se expandió a al menos seis países, incluido Chile, demostrando que los recintos penitenciarios pueden convertirse en incubadoras del crimen organizado con proyección regional.

Recuperar el control territorial exige más que medidas reactivas. Se necesita una reforma estructural: auditorías constantes contra la corrupción, inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, tecnología avanzada para impedir ingresos ilícitos, segregación de internos de alta peligrosidad y construcción de nuevos recintos. El desafío es enorme, porque lo que ocurre tras los muros no queda allí: sin control de las cárceles, no habrá seguridad pública posible.

Columna de Pablo Urquízar publicada en La Segunda.