La Reforma Procesal Penal 25 años después

“La Reforma Procesal Penal ha andado bastante bien, conforme a las razones para las que se diseñó, es decir, para hacer las cosas más rápido y ofrecer mayores garantías a los intervinientes, lo que pasa es que nunca nadie imaginó que pudiese haber tantas causas nuevas como las que se produjeron después de haberse instalado el procedimiento de Reforma”.

El expresidente de la Corte Suprema y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Milton Juica, resume con esta reflexión lo que, a su juicio, ha sido la reforma que hace 25 años modificó la estructura de la justicia penal en nuestro país.

En el seminario “25 años de la Reforma Procesal Penal: balance y desafíos”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Juica expuso junto a los abogados Cristian Maturana Miquel y Rafael Blanco Suárez.

Desde su perspectiva, con la reforma “aumentaron la cantidad de juicios, lo que provocó que ni el Ministerio Público, ni la Defensoría ni los tribunales pudieran asumir ese aumento de ingresos”.

Por eso dice que urge mejorar los mecanismos, para que se hagan más fluidas las intervenciones en torno a las causas.

“El caso SQM es un gran ejemplo que demuestra que hay ciertas causas que a lo mejor el sistema no está en condiciones de asumir. Ahí hay que ver si hay una falta de manejo adecuado de todos los actores para acotar el asunto y evitar una causa tan larga que no se justifica de ninguna manera”, ejemplifica.

Compleja criminalidad

Rafael Blanco, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, hizo también su propia síntesis de lo que ha sido la Reforma Procesal Penal:

“Transformó por completo la justicia chilena al poner fin al antiguo sistema inquisitivo —escrito, secreto y lento— que rigió por más de un siglo. A más de veinte años de su implementación, los avances en celeridad y transparencia son innegables, pero nuevos desafíos emergen frente a la criminalidad compleja, el crimen organizado y la necesidad de fortalecer la defensa pública y el sistema penitenciario».

Con todo, afirma que “el nuevo modelo evidenció su capacidad para administrar y procesar grandes volúmenes de casos, procesando en la actualidad más de un millón setecientas mil causas según datos de la Fiscalía Nacional -el sistema antiguo apenas lograba administrar seiscientas mil causas- logrando, asimismo, la mayor frecuencia de condenas en procedimientos abreviados y ordinarios desde el inicio de la reforma».

“La última política pública de Estado que se consolidó en Chile”

“Yo quiero resaltar en este período eleccionario que la Reforma Procesal Penal es la última política pública de Estado que realmente se consolidó en Chile”.

Con estas palabras, el abogado y ex presidente de la Comisión para la Reforma Procesal Civil, Cristian Maturana, comenzó su intervención, agregando además que “esta reforma, cuando se implementó, no era perfecta, pero sí cubría la estructura elemental del sistema de reforma, y que se fue desarrollando coordinadamente, progresivamente, para cumplir los objetivos”.

El académico de Derecho de la Universidad de Chile resaltó que “existió claramente una implementación de una política pública que cumplió todos los aspectos que eran necesarios para llevar adelante esta reforma. Tenía un equipo a cargo de la legislación, otro de la infraestructura, otro de la capacitación de los jueces, etcétera. En consecuencia, esto fue como un puzle que se fue formando coordinadamente”.

Sin embargo, Maturana Miquel fue enfático en señalar que dentro de los desafíos a futuro está el hecho de que “hay que ajustar claramente la duración de los juicios, porque no es un tema para rendir pruebas, ni para desarrollar tesis, y entendemos que nuestros tribunales deben tener un criterio uniforme”.

“Importancia de dar a conocer el sistema inquisitivo del código anterior”

La académica y coordinadora del Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Silvana Adaros, destacó la importancia de esta actividad para los alumnos, ya que “las actuales generaciones de estudiantes nacieron con el sistema acusatorio adversarial instaurado en el 2000, por lo que desconocen el sistema inquisitivo del código anterior, por lo que pueden ser permeables a las severas críticas que se le formulan en orden a su eventual o supuesto excesivo garantismo y flexibilidad”.

“Por eso en este seminario se pudo compartir con los estudiantes los progresos, falencias y desafíos que esta reforma nos impone, haciéndose cargo los ponentes de estas críticas y valorando el avance civilizatorio que supuso esta reforma en el sistema de enjuiciamiento criminal chileno”, concluyó la académica Silvana Adaros.