Radiografía OCRIT UNAB: caen delitos, pero persiste complejidad delictual
Un nuevo informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello advierte que, pese a leves descensos en algunos delitos, el país mantiene niveles elevados de criminalidad respecto de años anteriores, con una presencia consolidada del crimen organizado y desafíos estructurales para el Estado y el nuevo gobierno.
El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello presentó el informe “Radiografía de la seguridad en Chile 2025”, estudio que analiza la evolución de diez delitos potencialmente vinculados al crimen organizado. Los datos que arrojan la última entrega evidencian un escenario de leve mejora coyuntural en 2025 al comparar con 2024, pero con un deterioro estructural desde 2014.
El reporte —basado en datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas— muestra que, en 2025, algunos delitos de alta connotación han registrado caídas al comparar con el año anterior. Por ejemplo, los secuestros disminuyeron en un -13%, al igual que los robos con violencia o intimidación (-13%), mientras que los homicidios retrocedieron en un -4%. Sin embargo, otros delitos mantuvieron una tendencia al alza o niveles elevados, como el tráfico de drogas, que creció en un +3%, a la vez que las extorsiones se estabilizan (-1%), aunque se conservan en niveles históricamente altos.
Pese a estas variaciones, el informe advierte que la mayoría de estos delitos continúan significativamente por sobre los niveles observados en el largo plazo, lo que confirma la consolidación de un nuevo escenario delictual en el país, marcado por una mayor violencia, sofisticación y organización de las estructuras criminales.
Evolución de los delitos asociados al crimen organizado
El análisis de los diez delitos considerados en el informe del OCRIT UNAB —homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de sustancias, robos con violencia, robo por sorpresa, robo de vehículos, porte de armas de fuego o explosivos, porte de arma blanca y usurpaciones— evidencia que, si bien algunos indicadores muestran retrocesos recientes entre 2024 y 2025, estos se producen sobre una base previamente elevada al estudiar la evolución de la década.
- En materia de homicidios, entre 2024 y 2025 se consignó una caída de un -3%, pero al comparar con 2014, estos han aumentado en un 79%.
- Los secuestros, en tanto, si bien cayeron en un -13% entre 2024 y 2025, en el largo plazo —desde 2014— han crecido en un +52%.
- Las extorsiones registraron una leve caída de -1% en 2025, pero al comparar con 2014 pasaron de de 4 a 300 casos el año pasado, lo que implica un aumento extraordinario de +7.400%.
- El tráfico de sustancias creció en un +3% en el último año y en un 33% en la década 2014-2025.
- El robo con violencia o intimidación consignó una caída de un -13% en 2025. Sin embargo, en toda la serie ha crecido en un +7%.
- El robo de vehículos motorizados descendió significativamente en un -6% en 2025, aunque desde 2014 ha crecido en un +12%.
- El porte de armas o explosivos, a pesar de que se redujo en un -1% en 2025, desde 2014 ha crecido en un +60%.
- El porte de arma punzante ascendió en un 21% el año pasado, a pesar de que con respecto a 2014 ha caído en un -7%.
- El robo por sorpresa ha retrocedido en todos sus niveles. Decreció en -2% entre 2025 y 2024 y en un -3% al comparar con 2014.
- Por último, las usurpaciones también han experimentado una baja tanto en el corto plazo (-29% en 2025) como en el largo plazo (-9%).
Con estos antecedentes, el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB desarrolló el Índice de delitos potencialmente utilizables por el crimen organizado por 100 mil habitantes, herramienta que permite representar de manera más precisa la realidad delictual del país. Esta herramienta pondera la carga delictual no solo por frecuencia, sino que por la gravedad definida en el Código Penal y por la posible vinculación al crimen organizado.

Al estudiar la evolución del indicador, desde 2022 —luego de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia— se observa un aumento abrupto y sostenido del mismo, alcanzando un peak de 114 puntos en 2023, el valor más alto de toda la serie. Este salto refleja una intensificación relevante de delitos de mayor gravedad y con mayor vinculación potencial al crimen organizado.
En el período más reciente, aunque se presenta una leve disminución —113 puntos en 2024 y 108 en 2025—, el Índice se mantiene en niveles considerablemente superiores a los registrados previo a 2022. Estos hallazgos indicarían, según el informe del OCRIT UNAB, que, si bien podría haber una desaceleración en el crecimiento delictual en los últimos años, no se observa un retorno a los niveles previos, consolidando un nuevo umbral más alto de carga delictual para el país y los desafíos que esto conlleva para el Estado.
Desafíos para la institucionalidad y el nuevo el gobierno
El informe del OCRIT UNAB concluyó que Chile enfrenta hoy un cambio cualitativo en la naturaleza del delito, transitando desde formas más tradicionales hacia fenómenos asociados al crimen organizado transnacional, con capacidad de operar de manera coordinada, diversificar actividades ilícitas y expandirse territorialmente.

Este escenario se caracteriza por la coexistencia de múltiples organizaciones criminales, la disputa por mercados ilícitos y la utilización sistemática de la violencia como herramienta de control, lo que incrementa la complejidad de la respuesta estatal.
En este contexto, el informe pone especial énfasis en los desafíos que enfrenta el Estado —y en particular el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast— para abordar este nuevo escenario delictual. Entre ellos, destaca la necesidad de detener la transformación criminal y el aumento de la violencia en Chile haciéndose cargo de la heterogeneidad territorial, además de desarticular las bandas de crimen organizado presentes en el país y recuperar la soberanía territorial por parte del Estado.
Asimismo, el estudio del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB subraya la importancia de enfrentar la crisis del sistema penitenciario para detener la reproducción del crimen, modernizar el sistema de inteligencia con el fin de anticipar fenómenos emergentes, y fortalecer la interoperabilidad y cooperación entre instituciones de la gobernanza del sistema de seguridad pública.
Otro aspecto crítico identificado es el fortalecimiento de las capacidades de control fronterizo mediante el uso de tecnologías, la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional, sin desconocer la complejidad del fenómeno migratorio y sus implicancias humanitarias.
El informe, finalmente, también advierte que el combate al crimen organizado requiere equilibrar la eficacia en la persecución del delito con el respeto por los derechos fundamentales reglas claras, mediante mecanismos de control y sistemas de rendición de cuentas que aseguren la compatibilidad entre seguridad y Estado de Derecho.
Conclusiones
La “Radiografía a la seguridad en Chile 2025” concluye que el período 2026–2030 se configura como una etapa crítica para la seguridad pública en el país, período donde debiera implementarse una política integral, sostenida y basada en evidencia, orientada a reducir delitos en el corto plazo y, principalmente, a reconstruir la capacidad del Estado para garantizar seguridad, legitimidad y cohesión social en el largo plazo.

Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, afirma que “el país muestra señales acotadas de mejora en algunos delitos, pero sobre una base que sigue siendo alta y preocupante. Hoy el principal desafío no es solo reducir cifras, sino enfrentar un cambio estructural en la criminalidad, donde el crimen organizado ha ganado espacio, capacidad operativa y presencia territorial. Esto exige una respuesta coordinada del Estado, con foco estratégico, capacidades de inteligencia y una conducción política clara que permita recuperar el control de los territorios y fortalecer la seguridad pública”.
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