Cárceles en Chile: agresiones y amenazas alcanzan récord en 2025
Un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB analizó el control territorial en las cárceles chilenas en base a la evolución de seis delitos intrapenitenciarios en el país. Entre 2015 y 2025 se contabilizaron 58.455 agresiones, 37.017 incautaciones de droga, 2.322 amenazas, 491 homicidios, 429 extorsiones y 316 sobornos. Además, se incautaron 127.497 celulares. Si bien los homicidios disminuyeron un 43,8% en el último año, preocupa el alza en las agresiones —especialmente los ataques corporales y sexuales— y en las amenazas.
El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (OCRIT UNAB) actualizó su análisis sobre la evolución de seis fenómenos delictuales al interior de las cárceles chilenas, incorporando los registros de 2025 al período estudiado desde 2015. El informe “Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015-2025”, examina homicidios, incautaciones de droga, agresiones, amenazas, extorsiones y sobornos, identificando sus tendencias, variaciones regionales y concentración por establecimiento penitenciario en base a datos oficiales de Gendarmería de Chile.
Los que caen en 2025: homicidios, sobornos, incautaciones de drogas y extorsiones
Homicidios: 27 casos en 2025, la menor cifra del período
Entre 2015 y 2025 se registraron un total de 491 homicidios al interior de las cárceles chilenas. Estos pasaron de 56 casos en 2015 a un máximo de 61 en 2020, luego otro peak en 2024 con 48, para descender a 27 en 2025. Esta última cifra representa una caída de 43,8% respecto de 2024 y un descenso de 51,8% en comparación con 2015.
La Región Metropolitana registró 194 homicidios en el período 2015-2025. Pasó de 23 en 2015 a 8 en 2025, una reducción de 65% en el período y una caída de 60% entre 2024 y 2025. En tanto, O´Higgins registró 4 casos en 2025, Antofagasta, Valparaíso y Maule, 3 ca da una. Tarapacá, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Aysén y Magallanes no registraron homicidios en 2025. Por establecimiento, el Centro Penitenciario Colina II concentra el 16,3% de los homicidios del período 2015-2025, seguido por Santiago Sur, con 9,2%, y Rancagua, con 8,1%.
Sobornos: caen a 11 casos, pero preocupa la corrupción
Los registros contabilizaron 316 sobornos entre 2015 y 2025. La cifra pasó de 35 casos en 2015 a 11 en 2025, una disminución de 68,6% en la década y de 38,9% respecto de los 18 casos de 2024. Se trata del nivel más bajo de la serie. La Región Metropolitana acumula 87 casos, seguida por Antofagasta, con 38, O’Higgins, con 24; Los Lagos, con 23; y Valparaíso con 21. Entre 2024 y 2025, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Los Lagos, pasaron de registrar casos a no contabilizar ninguno. En cambio, Arica y Parinacota pasó de cero a 3 casos y Magallanes, de cero a uno. Los establecimientos con mayor concentración acumulada son Colina II (8,2%), el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta (7%) y Puerto Montt (6,6%).
Según el informe, el caso de la Operación Apocalipsis —investigación por una presunta red de corrupción penitenciaria que en 2025 culminó con la prisión preventiva de 62 imputados, entre ellos 42 funcionarios de Gendarmería— evidencia que los registros administrativos de sobornos pueden capturar solo una fracción de la corrupción existente. Por ello, la caída de las denuncias registradas no debe interpretarse automáticamente como una reducción equivalente del fenómeno.
Incautaciones de droga: caída interanual de 33,7%, pero aumento de 765% desde 2015
Entre 2015 y 2025 se contabilizaron 37.017 incautaciones de droga en recintos penitenciarios. Los registros aumentaron desde 463 en 2015 hasta un máximo de 6.136 en 2023. Después de las 6.040 incautaciones de 2024, la cifra bajó a 4.005 en 2025, una disminución de 33,7% en doce meses. Pese a esta caída, el nivel de 2025 sigue siendo 765% superior al de 2015.
La Región Metropolitana concentra el mayor volumen acumulado, con 8.215 incautaciones, seguida por Biobío, con 4.064, y Valparaíso, con 3.564. En la comparación de largo plazo destacan los aumentos de Antofagasta, que pasó de 2 registros en 2015 a 205 en 2025 (+10.150%); Ñuble, con un incremento de 5.250%; y Atacama, con 2.538%. La caída de 2025 se observa en 13 de las 16 regiones. Entre las disminuciones interanuales más importantes están Valparaíso, que bajó de 716 a 316 incautaciones (-56%); Biobío, con una caída de 47%; y Antofagasta, con 46%. En cambio, Magallanes aumentó 61%, Ñuble 14% y Coquimbo 11%.
Por establecimiento, las mayores concentraciones acumuladas corresponden a Alto Hospicio (5,87%), Colina II (5,32%) y Valparaíso (4,98%). El informe señala que una menor cantidad de incautaciones no permite concluir que haya disminuido el ingreso de drogas, puesto que podría responder a cambios en los controles o a métodos de ingreso más difíciles de detectar.
Extorsiones: 429 casos en la década, con concentración reciente
Entre 2015 y 2025 se registraron 429 extorsiones en las cárceles chilenas. Aunque el volumen es menor al de otras categorías, aumentaron de dos casos en 2015 a 76 en 2025. El incremento porcentual de largo plazo alcanza 3.700%, aunque debe interpretarse considerando la base inicial reducida. En comparación con 2024, cuando se registraron 104 casos, hubo una disminución de 26,9%. Sin embargo, el 55,5% de los casos de toda la década se concentró en el trienio 2023-2025.
La Región Metropolitana reúne 127 casos acumulados, seguida por Antofagasta, con 71 y Coquimbo, con 35. En la comparación 2024-2025, Tarapacá aumentó de 1 a 3 casos (+200%), Valparaíso de 3 a 5 (+67%) y Los Lagos de 2 a 3 (+50%). En sentido contrario, Biobío bajó de nueve a uno (-89%); La Araucanía, de 8 a 2 (-75%). Coquimbo, Ñuble y Magallanes también consignaron retrocesos (-67%).
A nivel penitenciario, el Centro de Detención Preventiva Santiago I concentra el 20,7% de las extorsiones del período, seguido por el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta concesionado (9,6%) y Rancagua (5,1%).
Los que suben en 2025: amenazas y agresiones
Amenazas: máximo histórico
Las amenazas a internos sumaron 2.322 registros entre 2015 y 2025, con un incremento de 784% en el período. En 2015 se contabilizaron 62 casos; en 2024 fueron 235 y en 2025 llegaron a 548, un aumento interanual de 133%.
La Región Metropolitana acumula la mayor cantidad de amenazas en el total del período estudiado, con 623 casos, seguida por La Araucanía, con 209; Maule, con 205; y Antofagasta, con 166. Entre 2015 y 2025, los mayores aumentos porcentuales se registraron en Arica y Parinacota (+4.000%), La Araucanía (+2.750%) y Los Lagos (+2.100%).
En 15 de las 16 regiones registraron aumentos el último año. Coquimbo creció 580%; Atacama, 320%; Maule, 282%; Valparaíso, 280%; Los Lagos, 267%; y Antofagasta, 256%. La Región Metropolitana creció 25% y la única disminución se registró en Magallanes, que cayó 57%.
Por establecimiento, el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel concentra el 11,1% de las amenazas, seguido por el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, con 7,5%, y el Centro Penitenciario Femenino de Talca y el Centro Penitenciario de Puerto Montt, con 4,3% cada uno.
Agresiones: crecen ataques corporales y sexuales
Las agresiones a internos alcanzaron en 2025 un máximo histórico, con 6.365 casos registrados, un aumento de 9,3% respecto de 2024. En todo el período se contabilizaron 58.455 agresiones.
Al analizar por tipo, las agresiones con objetos cortopunzantes acumularon 32.420 registros entre 2015 y 2025, con un alza de 41% en el período. En 2025 llegaron a 3.385 casos, un incremento de 17% respecto del año anterior. En tanto, las agresiones con objetos contundentes sumaron 10.394 casos y aumentaron 27% desde 2015, aunque fueron la única modalidad que disminuyó en el último año, con una caída de 5%. El incremento más pronunciado se observa en las agresiones corporales sin armas, que acumularon 15.710 registros entre 2015 y 2025. En el último año alcanzaron 2.430 casos, lo que representa un aumento de 30% respecto de 2024 y de 162% frente a 2015. También las agresiones sexuales llegaron a su mayor nivel de la serie, con 61 casos en 2025, un alza de 22% en doce meses y de 97% respecto de 2015, sumando 406 registros en todo el período.
La evolución regional de las agresiones en el período muestra aumentos en Aysén (+433%), Magallanes (+300%), Maule (+170%), Atacama (+165%), Los Lagos (+147%) y Ñuble (+146%). Valparaíso, en cambio, registró una disminución de 8% entre 2015 y 2025. En la comparación interanual, 12 de las 16 regiones aumentaron sus registros. Los mayores se observaron en Los Ríos (+80%), Aysén (+60%), Atacama (+39%), Magallanes (+36%) y Valparaíso (+31%). Entre las regiones que disminuyeron están La Araucanía (-23%), Antofagasta (-6%), Biobío (-5%) y Los Lagos (-5%).
A nivel de recintos, el Centro Penitenciario de Rancahua concentró el 7% de las agresiones del período, seguido del Centro de Detención Preventivo Santiago I, con 6,3%, y en Centro Penitenciario de La Serena, con 5,8% de los registros.
Los desafíos: recuperar el control territorial y fortalecer la integridad institucional
El informe del OCRIT UNAB concluye que la evolución de los registros entre 2015 y 2025 no muestra una reducción homogénea de la criminalidad intramuros. La caída de los homicidios y sobornos registrados convive con máximos históricos de agresiones y amenazas, mientras las incautaciones de droga siguen muy por encima de los niveles de hace una década. Además, entre 2015 y 2025 se incautaron 127.497 celulares en los distintos recintos penitenciarios del país.
Paralelamente, el informe plantea que los principales desafíos son recuperar el control territorial de las cárceles y desarticular las estructuras criminales que operan en su interior, mediante estrategias de inteligencia y contrainteligencia que permitan identificar los focos de violencia y sus redes de apoyo. A ello se suma la necesidad de fortalecer los controles internos para prevenir y detectar la corrupción, reforzar la inspección y el uso de tecnología para impedir el ingreso de drogas y bienes prohibidos, y desarrollar políticas de prevención de la violencia, con medidas de segregación efectiva y protección. Estas acciones deben considerar también el abordaje de las dinámicas específicas de los recintos femeninos y contar con sistemas de información más robustos, que permitan identificar riesgos y evaluar la efectividad de las intervenciones.
En materia de seguridad pública, la tarea es integrar la gestión penitenciaria con las estrategias contra el crimen organizado, fortaleciendo la coordinación y el intercambio de información entre Gendarmería, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. La implementación del nuevo marco constitucional de Gendarmería y de la Ley de Inteligencia representa una oportunidad, junto con modernizar los sistemas de gestión y análisis criminal. Asimismo, es fundamental mejorar la calidad y trazabilidad de los registros administrativos, homologar los criterios de registro y disponer de estadísticas oportunas y verificables, para distinguir las variaciones reales de los delitos de los cambios en su detección o registro.

Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, advierte que “el análisis sobre el control territorial en las cárceles chilenas evidencia que nos encontramos en un punto de inflexión, que hace indispensable abordar la problemática penitenciaria como una política de Estado, con recursos, sentido de urgencia y una visión de corto, mediano y largo plazo. Hace tiempo que la cárcel dejó de representar el fin de la carrera delictual y, si no se adoptan los resguardos necesarios, corre el riesgo de convertirse en un verdadero semillero del crimen organizado”.
Asimismo, agrega que “algunas de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica surgieron al interior de recintos penitenciarios, como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, que además tienen presencia en Chile. En este contexto, la nueva normativa que se proponga en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería debe incorporar también una perspectiva de seguridad nacional”.
English version