IPP UNAB propone medidas laborales para crear hasta 42 mil empleos formales

El Instituto UNAB de Políticas Públicas presentó un nuevo informe que propone un conjunto de medidas orientadas a mejorar la contratación formal y acelerar la reinserción laboral, en un contexto marcado por persistentes fricciones en el mercado del trabajo y limitaciones en la efectividad de los instrumentos actuales, como los sistemas de capacitación.

El análisis se da en un escenario de alto desempleo -8,9%- en el que se discute la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa presentada por el Ejecutivo en el mes de abril con el fin de reactivar la economía en su conjunto y que incluye, en materia laboral, un crédito tributario al empleo formal y la eliminación de la franquicia tributaria del SENCE.

En este marco, el informe del IPP UNAB plantea políticas que buscan fortalecer la empleabilidad y la productividad a largo plazo mediante una serie de lineamientos diseñados para mejorar los incentivos a la contratación formal, utilizando de manera más eficiente los recursos existentes y abordando distintas fricciones del mercado laboral. Las propuestas se enfocan en cuatro líneas esenciales: las prácticas profesionales para la reinserción laboral, incentivos al reempleo, reducción del costo de contratación y políticas de transición laboral.

Las fuentes de financiamiento de las medidas provienen del Seguro de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario, por lo que -aseguran los autores- su implementación requiere una arquitectura de asignación de recursos que evite superposiciones, priorice la consistencia financiera del sistema y preserve el rol asegurador del Seguro de Cesantía.

Prácticas profesionales

Inspirada en el programa Work Placement Experience Programme de Irlanda, la primera propuesta plantea potenciar las prácticas laborales como herramienta de inserción laboral, extendiéndolas a personas desempleadas para que puedan realizar una pasantía por seis meses como forma de capacitación en la industria real.

Para implementar esta medida, el informe advierte que se requiere modificar el artículo 8 del Código del Trabajo para que personas registradas como desempleadas por más de 12 meses en el sistema del Seguro de Cesantía -especialmente jóvenes, mujeres y mayores de 50 años- puedan acceder a esta modalidad sin el requisito de acreditar ser alumno regular de un establecimiento educacional, como se exige en la legislación vigente. El subsidio al empleador es opcional y no condiciona la viabilidad del instrumento.

Esta medida apunta a reducir las barreras de entrada al empleo formal, especialmente en grupos con mayores dificultades de inserción, permitiendo que las empresas evalúen el desempeño en condiciones reales y disminuyendo la incertidumbre en la contratación. El documento del IPP UNAB, sin embargo, releva la necesidad de incorporar resguardos como una duración acotada y la no renovación indefinida para evitar que se transformen en mecanismos de sustitución de empleo formal o precarización laboral.

Estímulos para el reempleo

El segundo lineamiento consiste en incorporar un incentivo al reempleo temprano, permitiendo que quienes se reincorporan al mercado laboral retengan un porcentaje relevante del saldo del Seguro de Cesantía no utilizado en el período antes de agotar el fondo, lo que limita que esta medida irrogue gasto fiscal directo. Este mecanismo -inspirado en el Early Reemployment Allowance de Corea del Sur- busca corregir desincentivos que pueden prolongar innecesariamente los períodos de desempleo, y para ser efectivo, debe condicionarse a la obtención de un empleo formal verificable y a un período mínimo de permanencia, además de focalizarse en trabajadores con mayor riesgo de desempleo prolongado.

Reducción de costos de contratación

A diferencia de lo contemplado en la Ley de Reconstrucción Nacional, esta tercera medida se focaliza en el empleo de las micro y pequeñas empresas. Tomando como referencia mecanismos similares implementados en España y Portugal, esta propuesta plantea un subsidio temporal a nuevas contrataciones formales en pymes, financiado con una fracción acotada del Fondo de Cesantía Solidario, por lo que no aumenta el gasto fiscal.

El beneficio se focaliza en empresas con menos de 50 trabajadores y utilidades inferiores a un umbral a definir a partir de datos del SII, con el fin de concentrar el incentivo en pymes con mayores restricciones de liquidez. Adicionalmente, el subsidio se estructura de forma decreciente según nivel de remuneración para llegar así a trabajadores de menores ingresos.

En un escenario prudente, con un límite de retiro máximo del 0,9% del PIB del Fondo de Cesantía Solidario, esta medida podría financiar en torno a 72 mil nuevas contrataciones para trabajadores con ingresos líquidos de $800 mil -y un costo empresa cercano a 30% adicional-, cifra que representa una fracción relevante del total de desempleados.

Agencias de transición laboral

Finalmente, se propone avanzar en la implementación de agencias de transición laboral con pago por resultados, orientadas a mejorar los procesos de intermediación. Este modelo apunta a reducir los costos de búsqueda tanto para trabajadores como para empleadores, ampliando el acceso a servicios de colocación que hoy se concentran en segmentos de mayores ingresos.

El modelo sugerido podría implementarse sin comprometer gasto fiscal adicional, utilizando el Seguro de Cesantía como fuente de financiamiento. Los pagos estarían vinculados a resultados efectivos de inserción, combinando dos componentes: pagos por colocación temprana para el trabajador y la agencia proveedora, y pagos por retención en el empleo condicionado a un período mínimo de cinco meses, por ejemplo.

Estas agencias, por su parte, deberán acreditarse ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para asegurar el cumplimiento de estándares mínimos de servicio y el logro de una tasa de reinserción formal para permanecer vigente en el sistema. En este escenario, las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) podrían integrarse como parte del sistema, aprovechando su cobertura territorial.

Asimismo, el diseño de esta acción -señala el informe de la UNAB- debe considerar resguardos frente a riesgos como la tendencia a seleccionar beneficiarios con mayores posibilidades de empleabilidad por parte de las agencias, incorporando mecanismos de asignación y pagos diferenciados según perfil de empleabilidad. En tanto, el monitoreo debe evaluar no solo tasas de colocación, sino que también la inclusión de grupos con mayores barreras de acceso al empleo, que son aquellos precisamente a quienes se buscan reincorporar al mercado laboral.

Impacto de las propuestas

De acuerdo con las estimaciones del informe del Instituto UNAB de Políticas Públicas, la implementación conjunta de estas medidas permitiría la creación de entre 29.600 y 42.600 nuevos contratos formales durante el primer año. En términos agregados, esto se traduciría en una reducción de la tasa de desempleo desde 8,93% a un rango de entre 8,52% y 8,65%, equivalente a una caída de entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales.

El estudio reconoce que, si bien el impacto es puntual, resulta relevante en un escenario de bajo dinamismo del empleo, y muestra que existen espacios para mejorar el funcionamiento del mercado laboral sin necesidad de aumentar el gasto fiscal. Asimismo, recalca que estas medidas deben entenderse como complementarias a una estrategia más amplia de crecimiento económico, condición necesaria para sostener mejoras en el empleo en el mediano plazo.

El subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, indica que este paquete de medidas “adecúa experiencias internacionales exitosas a la realidad nacional, sin necesariamente requerir gasto fiscal. Es el momento de modernizar nuestras políticas pro-empleo, especialmente en un contexto de cuarta revolución industrial y estancamiento económico. Aunque las medidas propuestas son independientes del proyecto de ley de Reconstrucción, éstas pueden ser entendidas como una forma de reemplazar al SENCE, pero sin costo fiscal”.