Roles de género: brechas laborales femeninas estables en la década

La última encuesta CASEN 2024 evidenció que la tasa de participación laboral femenina alcanza el 53,5%, frente al 73,1% de los hombres, lo que implica una brecha de cerca de 20 puntos porcentuales. A nivel internacional, esta cifra sitúa a Chile por debajo del promedio de la OCDE, que supera el 65% de participación femenina.

Bajo ese contexto, un nuevo informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello analizó la evolución de la participación laboral por género en Chile entre 2015 y 2025, identificando los principales factores que explican la persistencia de las brechas entre hombres y mujeres. El estudio examina tres momentos del ciclo laboral —acceso, permanencia y reinserción— a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), evidenciando que los roles de género continúan influyendo de manera estructural en la relación de las mujeres con el mercado del trabajo.

En primer lugar, el estudio muestra que las responsabilidades familiares siguen siendo la principal barrera de entrada al mercado laboral para las mujeres. Durante todo el período 2015-2025, entre 32% y 38% de las mujeres inactivas declaró no buscar empleo por responsabilidades familiares permanentes u obligaciones de cuidado, mientras que entre los hombres esta proporción se mantuvo consistentemente en torno al 2%. Aunque en 2025 se observa una leve disminución respecto de 2015 —desde 37,2% a 28,9%— la brecha de género permanece prácticamente intacta.

El análisis por nivel educacional refuerza el carácter estructural del fenómeno. Si bien la inactividad por cuidados disminuye a medida que aumenta la escolaridad, incluso entre personas con mayor nivel educativo la proporción de mujeres que declara responsabilidades familiares como motivo principal de inactividad es casi diez veces superior a la de los hombres del mismo nivel.

En segundo lugar, el informe examina la permanencia en el empleo a través de los motivos de renuncia. Entre 2021 y 2025, cerca del 43% al 44% de las mujeres que renunciaron a su último trabajo lo hicieron por motivos de cuidado de niños, niñas o personas dependientes. En contraste, entre los hombres esta cifra fluctúa entre 6% y 9%.

Finalmente, el análisis de las condiciones de reinserción muestra que las mujeres desempleadas presentan una mayor preferencia por empleos de jornada parcial. Mientras entre los hombres la proporción que busca exclusivamente jornada parcial se mantiene entre 6% y 9% en la mayor parte del período, en el caso femenino alcanzaba 26% en 2015-2016 y, aunque ha disminuido, se estabiliza en torno a 19%-20% en los últimos años. Esta diferencia puede reflejar tanto necesidades de conciliación entre trabajo remunerado y cuidados como limitaciones en el poder de negociación o en la disponibilidad de empleos de jornada completa en sectores altamente feminizados.

Políticas públicas: avances relevantes, pero alcance limitado

El informe destaca que Chile ha ampliado su marco institucional en materia de cuidados durante los últimos años. Entre las medidas implementadas se encuentran la expansión de la cobertura de jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), la obligación de sala cuna para empresas con más de 20 trabajadoras, la extensión del postnatal y la Ley N.º 21.391, que permite el teletrabajo en casos de cuidado de niños, niñas o personas con discapacidad. Asimismo, destacan la Política Nacional de Apoyos y Cuidados (2025), la iniciativa Chile Cuida, y la discusión del proyecto de sala cuna universal.

Sin embargo, el diagnóstico del IPP UNAB advierte que las políticas centradas exclusivamente en el cuidado infantil podrían resultar insuficientes frente a un fenómeno más amplio. Los datos de la Encuesta Nacional de Dependencia (ENDIDE 2022) muestran que entre 68% y 76% de quienes cuidan a personas con dependencia son mujeres, muchas de ellas realizando estas labores durante más de diez años. Dado que la mayoría de las personas dependientes son mayores de 60 años, la carga de cuidado se extiende a lo largo del ciclo de vida y no se limita a la etapa de crianza.

El informe también revisa experiencias internacionales. Japón implementó en 2000 un seguro obligatorio de cuidado de largo plazo orientado a transferir parte de la responsabilidad desde las familias hacia el Estado, mientras que Alemania estableció permisos laborales protegidos para trabajadores que cuidan familiares dependientes. No obstante, en ambos casos la evidencia muestra que la ampliación institucional, si bien necesaria, no es suficiente para transformar por sí sola la distribución de género del cuidado cuando los factores culturales permanecen.

Conclusiones

El informe concluye que, pese a estos avances, las brechas asociadas a la organización social del cuidado se mantienen sustantivamente estables. La evidencia sugiere que los roles de género operan simultáneamente como barreras de acceso, factores de salida y restricciones sobre la calidad de la reinserción laboral, lo que implica una subutilización persistente del capital humano femenino.

En un contexto de bajo crecimiento y envejecimiento poblacional, cerrar estas brechas se constituye como un desafío en términos de equidad y una oportunidad económica. El documento plantea que avanzar hacia una redistribución más equitativa del trabajo de cuidados requiere políticas coordinadas que actúen de manera integral sobre las distintas etapas del ciclo laboral, promoviendo corresponsabilidad y ampliando el reconocimiento del cuidado más allá de la primera infancia.

“La estabilidad de las brechas de género en la participación laboral durante una década —incluyendo la pandemia y recuperación— indica que no estamos frente a un fenómeno coyuntural, sino que más bien a uno de carácter estructural. El cuidado sigue siendo, en la práctica, una responsabilidad predominantemente femenina, y eso condiciona el acceso, la permanencia y la calidad del empleo al que pueden aspirar las mujeres en Chile. Por ello, se requieren políticas integrales que incorporen instrumentos que promuevan la corresponsabilidad y reconozcan el cuidado como una responsabilidad social compartida”, sostuvo Vicente Abrigo, economista e investigador del Instituto UNAB de Políticas Públicas.