Ex-Ante | Urquízar advierte sobre rol de FF.AA. en seguridad

Pablo Urquízar, del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB, respalda la mayoría de las reformas de seguridad del gobierno, pero toma distancia de la idea de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, argumentando que Chile no debería seguir el camino que han tomado otros países de la región. Lo que falta, agrega, es “una verdadera arquitectura de seguridad nacional”. Y dice que no es bueno personalizar la guerra contra la delincuencia.

–El Gobierno anunció una reforma constitucional que consagra la seguridad como un deber del Estado. ¿Qué valor práctico puede tener esa intención?

–El contexto es complejo. En los últimos diez años los homicidios aumentaron 79%, los secuestros 52%, el tráfico de drogas 33% y las extorsiones crecieron de manera exponencial. Además, hoy operan en Chile más de una docena de organizaciones criminales internacionales. Ese deterioro exige reformas profundas y muchas de las medidas anunciadas van en la dirección correcta. Sin embargo, respecto de la reforma constitucional hay que revisar su necesidad, porque la Constitución ya establece el deber del Estado de proteger a la población y resguardar la seguridad nacional.

-Entonces, ¿cree que esa reforma constitucional podría ser innecesaria?

–Hay que analizar cuidadosamente su contenido. Me preocupa especialmente la idea de crear un nuevo estado de excepción vinculado a la seguridad pública. Desde el punto de vista doctrinario, Chile no debería seguir la tendencia que se ha instalado en varios países latinoamericanos de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que podría desnaturalizar su función esencial. La experiencia de países como Perú, México y Ecuador demuestra que esos procesos no siempre han dado buenos resultados.

Además, Chile ya cuenta con una herramienta constitucional para enfrentar situaciones graves: el Estado de Emergencia, que puede aplicarse cuando existe una grave alteración del orden público o un grave daño para la seguridad de la Nación. Por eso, antes de crear una nueva figura constitucional, habría que preguntarse si realmente es necesaria.

–¿Cuál considera que es el aspecto más valioso del paquete de reformas?

–Sin duda, la reforma al sistema penitenciario. Las cárceles son el principal foco de expansión del crimen organizado. Organizaciones como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital o las mafias italianas tuvieron su origen en recintos penitenciarios. En Chile las cifras son preocupantes: en diez años las incautaciones de drogas en las cárceles crecieron más de 1.200%, las extorsiones aumentaron más de 5.000% y se han decomisado más de 120 mil celulares. Por eso es fundamental fortalecer Gendarmería, separar a los internos según su peligrosidad y robustecer la inteligencia y contrainteligencia penitenciaria.

–Hay quienes desde la oposición sostienen que una agenda con énfasis en la mano dura puede derivar en excesos del Estado. ¿Comparte esa preocupación?

–Toda reforma debe contemplar una perspectiva de derechos humanos. Es perfectamente posible fortalecer la persecución penal sin debilitar las garantías fundamentales.

–Cada nuevo gobierno anuncia un plan contra la delincuencia, tanto Piñera como Boric lo hicieron. ¿Qué falta para que la estrategia funcione?

–La implementación. En los últimos años se han aprobado leyes muy importantes, como las de inteligencia, terrorismo, crimen organizado, seguridad municipal y el propio Ministerio de Seguridad Pública. Pero las leyes, por sí solas, no cambian la realidad. Se requiere una implementación efectiva desde el Ejecutivo, con políticas regionales y locales, porque el fenómeno criminal no es igual en Arica que en La Araucanía o en Santiago.

–¿Qué echa de menos en este plan?

–Primero, una verdadera arquitectura de seguridad nacional. Chile enfrenta delincuencia común, violencia rural y terrorismo, pero también amenazas transnacionales como el Tren de Aragua o bandas criminales extranjeras. Esas organizaciones exceden el ámbito de la seguridad pública y requieren una estrategia nacional de seguridad. En segundo lugar, fortalecer mucho más el sistema de inteligencia. Sin inteligencia, las policías actúan prácticamente a ciegas. Aunque la nueva ley mejora las capacidades de la Agencia Nacional de Inteligencia, sigue siendo insuficiente frente a las amenazas actuales.

–¿Cómo debería evaluarse el éxito de Martín Arrau y de esta agenda de seguridad? Algunos plantean que podría ser un espaldarazo para el ministro…

–No creo que el éxito o el fracaso pueda medirse en función de una sola persona. La seguridad debe entenderse como una política de Estado, no depender de un solo ministro como Arrau. Las víctimas no distinguen colores políticos, por lo que el desafío consiste en construir instituciones sólidas, capaces de sostener una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Si el Estado logra consolidar esa mirada y traducir las leyes en resultados concretos, entonces podrá hablarse de una política de seguridad exitosa.

Publicado en Ex-Ante el 06 de agosto 2026.