El Mercurio | Nuevo consejo consultivo del Ministerio de Seguridad

Si bien en un comienzo la intención era la de convocar a exautoridades de gobierno para que fueran parte, finalmente, el Ministerio de Seguridad, encabezado por su titular, Martín Arrau, conformó su Consejo Consultivo solo con expertos en la materia, entre los que se encuentran, por ejemplo, un exfiscal, directores de centros de estudios, un general (r) del Ejército y otros profesionales con experiencia en cargos policiales.

Son siete integrantes de la instancia, entre los que se encuentran la directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, Pía Greene, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, la exfuncionaria de la Subsecretaría de Defensa y especialista en crimen organizado Pilar Lizana, el exoficial de Carabineros e investigador en crimen organizado transnacional Pablo Žeballos, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello, Pablo Urquizar, el exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la U. San Sebastián, Luis Toledo, y John Griffiths, director ejecutivo de Athena Lab.

Con todo, no se trata de una nueva mesa. En diciembre de 2024, durante el gobierno anterior, la exministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó la primera reunión, en donde incluso algunos de sus integrantes se repiten con los de hoy, como es el caso de Greene, Johnson y Zeballos.

Duración de 90 minutos y tres topicos

La primera sesión tuvo lugar a las 16:00 de ayer en el cuarto piso del edificio de Teatinos 220 y se extendió por cerca de 90 minutos. La idea del Gobierno es recoger la mirada técnica a partir de las experiencias de sus integrantes respecto de diversas temáticas vinculadas a la seguridad.

Así, en la cita de ayer se abordó en primer lugar, la institucionalidad, a la luz del poco más de un año transcurrido desde la creación del Ministerio de Seguridad.

La idea, según señalan al interior del ministerio, era identificar que elementos podrían estar ausentes en la legislación vigente y cómo se podría fortalecer el Sistema de Seguridad Pública, o que acciones podrían estar faltando en el Plan Operativo de Seguridad Pública.

En segundo lugar, se analizó el crimen organizado en el país, sobre todo respecto de su evolución como una de las principales amenazas a la seguridad del país, con especial atención a las estructuras transnacionales, las economías ilícitas y la violencia asociada. En ese sentido, en el Gobierno buscan llegar a un diagnóstico compartido e identificar brechas en materia de persecución penal, inteligencia y coordinación interinstitucional, así como orientaciones que permitan fortalecer la respuesta del Estado frente a este fenómeno.

Un tercer elemento que estuvo programado en las conversaciones de la instancia fue el control fronterizo, respecto del cual se buscó analizar el rol de este en la contención del crimen organizado y como evaluaban los integrantes las capacidades actuales de vigilancia y coordinación en la frontera, además de las medidas legislativas, tecnológicas y operativas que permitirían reforzar la protección de los pasos fronterizos y las zonas limítrofes.

Tras la cita, se acordó realizar encuentros periódicos, aunque sin fijar un lapso obligatorio. Se espera poder concretar reuniones cada un mes, no obstante que se trata de una instancia que se constituiría «a requerimiento de la autoridad».

Ministro Arrau: «El crimen organizado aprende»

Tras la cita, el ministro Arrau señalo a «El Mercurio», que «el crimen organizado aprende, se adapta y aprovecha cada brecha con rapidez. El Estado debe responder reuniendo el conocimiento que hoy está disperso entre la academia, las instituciones y quienes han enfrentado estas amenazas en terreno. Convocamos este panel para transformar esa experiencia en mejores decisiones. Escuchar a los expertos refuerza la conducción política: la fortalece para poner al Estado al día, recuperar el control y hacer prevalecer la ley».

Los integrantes convocados trabajaran bajo la modalidad ad honorem, pues no recibirán remuneración a cambio de las labores que se realicen en el marco de la instancia.

Publicada el 24 de julio en El Mercurio.