Ex -Ante | Educación pública: lo importante son los resultados

La educación pública chilena está, desde 2017, en un proceso de cambios relevante que consiste en el traspaso paulatino del servicio educativo desde los municipios a nuevas entidades denominados Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La implementación de dichos Servicios ha seguido un camino complejo, marcado por las deficiencias del diseño inicial, los magros resultados y por una cierta miopía ideológica que llevó a priorizar aspectos políticos y estructurales por sobre las verdaderas necesidades de las escuelas y la calidad del proceso educativo. Todo en un contexto en el que conviven municipios que efectivamente no fueron capaces de gestionar adecuadamente la educación de sus comunas y generaron importantes déficits financieros, con otros que han mostrado buenos resultados.

El calendario de implementación de los SLEP se ha modificado varias veces y, en este escenario, el Ministerio de Educación presentó esta semana un proyecto de ley que vuelve a ajustar dicha implementación, ampliando los plazos y permitiendo que, cumpliendo ciertos requisitos, municipios que tienen buenos resultados puedan mantener la administración del servicio educativo.

Lo primero que se debe despejar respecto de esta propuesta es que no significa ni interrumpir ni modificar en su esencia la puesta en marcha de la nueva educación pública. Tanto la posibilidad de ampliar los plazos de implementación como de permitir a los municipios dilatar su incorporación a los nuevos Servicios son cuestiones que estaban contempladas en la ley original y que fueron relevantes a la hora de lograr los acuerdos políticos que permitieron la aprobación de la reforma. Lo anterior es relevante toda vez que no faltarán quienes, sin prestar mucha atención al contenido, interpreten cualquier modificación como una contrarreforma que debe ser combatida.

Las dificultades que la implementación de los nuevos servicios ha presentado, considerando entre otras cosas la magnitud de la tarea y las limitaciones del propio Estado a la hora de gestionar de manera eficiente, justifican plenamente la extensión del cronograma hasta el 2040, con el único propósito de asegurar su éxito y resguardar la calidad de la educación que miles de niños y jóvenes reciben.

En cuanto a la posibilidad que municipios con buen desempeño educativo y una gestión sana desde el punto de vista financiero tienen de solicitar la postergación del traspaso de sus establecimientos al Servicio Local, la propuesta modifica ciertos requisitos conservando el objetivo y la exigencia general, pero amplía la muestra de posibles beneficiarios y genera incentivos a mantener buenos resultados. En efecto, de aprobarse el proyecto, un municipio que cumple con los requisitos y optó por dilatar su traspaso puede mantener la gestión educativa en la medida que sus resultados sean superiores al Servicio respectivo.